El proxenetismo es considerado una práctica detestable por la sociedad que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. En nuestro país es un delito que se encuentra condensado en la normatividad colombiana. Los encargados (as) tienen la función de proveer servicios de protección a las mujeres, que buscan una forma de sustento a través de estas prácticas como un medio fácil de subsistencia en esta sociedad, que no les brinda las suficientes oportunidades laborales. A través de la intimidación, el engaño, la violencia, el uso de drogas y amenazas de todo tipo, entre otros, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en algunos sectores poblacionales, para prostituirlas y así explotarlas sexualmente. Algunos expertos expresan que las proxenetas transgreden las leyes, porque resultan implicados en el delito de trata de personas, que son castigadas severamente por el cometimiento de este detestable accionar, que lesiona las sanas costumbres.
En algunas regiones del país y especialmente en nuestro departamento, se han venido presentando estas situaciones que desdibujan la armonía familiar y la sociedad en general. Recientemente en un operativo adelantado por los organismos de inteligencia del Estado, fue desmantelada una red en Cartagena, que operaba estratégicamente en algunos sitios turísticos donde confluían turistas extranjeros. Inclusive tenía contactos a nivel internacional. Esta banda la lideraba Liliana del Carmen Campos Puello alias “la Madame”, quien tenía estructurada una bien organizada banda, que contribuía a reclutar menores de edad especialmente del sexo femenino. Fue detenida en la operación ‘Vesta I’, realizada entre Fiscalía, Policía Nacional y Migración Colombia en Cartagena.
Igualmente, en otros departamentos que no les han dado tanta bulla, como en el Huila que también fue desmantelada una banda que estaba integrada por un grupo de reconocidas personas que se desempeñan en actividades empresariales y laboran en el sector público, que supuestamente contactaban a menores de edad para ponerlos al servicio de adultos, con tal de satisfacer sus deseos sexuales, a los cuales la Fiscalía General de la Nación les imputó el cargo de proxenetismo e inducción a la prostitución. La ciudadanía debe estar colaborando con las autoridades para frenar esta clase delitos que ponen en serio peligro a las nuevas generaciones. En este sucio negocio, se lucran muchos delincuentes que no les interesa permear las sanas costumbres en la familia. Los padres de familia y los docentes de los establecimientos educativos deben coordinar con las instituciones públicas encargadas de la protección de la adolescencia, para que no se promueva estos estilos de vida detestables, que van en contravía de las sanas costumbres de convivencia.
