Desde que mediante una Ley la salud de los colombianos quedo en manos de los privados y dejo de ser una responsabilidad del Estado como está consagrado en nuestra Constitución Política, no se puede negar que desmejoro en detrimento del mismo pueblo colombiano.
Solo se tiene que tener en cuenta que los hospitales públicos resultan ser un soporte innegable del sistema de salud, pues se encargan esencialmente de atender, la mayoría de las veces, a las personas más vulnerables, incluso con las complicaciones de salud que, por su condición, son rechazados en otros centros asistenciales.
Es tal la importancia de la red pública de hospitales que la ley estatutaria de la salud elevó a rango constitucional el imperativo de proteger la red pública de la salud como básica para así garantizarles a todos los colombianos el derecho fundamental a la salud.
Hoy lamentablemente parece que este precepto abre la puerta para que la existencia de estas entidades se haga a cualquier costo, incluso tan elevado como el que imponen la corrupción y la politiquería.
Es por eso que se hace necesario pedir –aunque debe ser una obligación- la Supersalud y la comunidad para que se blinden a estas entidades.
No es extraño que con mucha frecuencia estemos conociendo informaciones sobre desmanes y saqueos en la red pública de la salud y lo más ilógico es que los colombianos pareciera que estuviéramos anestesiados ante estas informaciones y no actuamos en su defensa.
Pero también es cierto que si no actúan los organismos de control encargados de la vigilancia de los recursos públicos, que no con mucha frecuencia hacen estos hallazgos, puede que se puede esperar del colombiano de a pie.
Cifras oficiales señalan que de los 934 hospitales de la red pública, diez están intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud y 390 presentan alto riesgo de inviabilidad, es decir están en crisis lo que obliga a tomar medidas inmediatas para salvarlos,
Pero estos esfuerzos serán vanos mientras la salud y, por extensión, los centros hospitalarios en no pocos departamentos y municipios continúen siendo el botín de políticos corruptos que encuentran en ellos la forma de cobrar y pagar favores, además de beneficiar a delincuentes disfrazados de proveedores y contratistas, todo en contra del bienestar de la población.
