Se esperaba sí, claro que se esperaba, porque desde la campaña a la presidencia el hoy mandatario Duque mostró contrario a los acuerdos de paz firmados, no por un presidente sino por un Estado en representación de los colombianos.
Hoy el país se debate sobre la inconveniencia de generar un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cuando hay interés en aprobar una agenda de proyectos de reforma ambiciosos que no admiten distracciones.
Las objeciones planteadas por el gobierno de Duque, el Centro Democrático y la Fiscalía a la Ley estatutaria ya fueron resueltas por la Corte Constitucional y pareciera que en su trasfondo tuvieran un interés oculto de sabotear el proceso.
Pareciera lo que hay con la JEP no es inconveniencia como lo plantean, sino un sectarismo para torpedear el proceso.
No cabe duda que al objetar la ley estatutaria de la JEP esto causaría traumatismos en la implementación del Acuerdo de Paz que serían responsabilidad directa del gobierno de Iván Duque.
Pero delicado será que nivel internacional, Colombia seguiría dándose a conocer como un Estado que no solo incumple sus promesas, – como paso con los diálogos con el ELN- sino que no parece respetar la seguridad jurídica.
Reenviar la ley estatutaria al Congreso sería someter a una rama legislativa que no ha mostrado mayor unidad durante la presidencia de Iván Duque a un proceso de conflicto al decidir si se insiste o acepta el veto del mandatario.
Sin lugar a dudas estos debates en el Congreso serán también un campo de batalla, obstrucciones, intereses por introducir reformas dañinas para la justicia transicional y las peores mañas de nuestro proceso legislativo a los que ya estamos acostumbrados los colombianos.
Se la juega el gobierno porque con esta determinación pone en juego otras iniciativas de su autoría en el legislativo, las cuales muy seguramente no tendrán la atención necesaria.
Una vez se apruebe en el Congreso la nueva ley estatutaria (si se aprueba), vendrá la revisión de una Corte Constitucional que ya ha fallado sobre el tema y ordenado su sanción.
Sin duda alguna que el futuro de la JEP después de objeción presidencial está plagado de problemas. Problemas que ponen en vilo la misma paz y tranquilidad de los colombianos.
