Si algo revindica a los país democráticos y los Estados de derecho es sin lugar a dudas el cumplimientos de las normas y leyes internacionales, el respeto por los acuerdos y los protocolos que en cualquier orden se firmen y este es el cuello de botella en el que está inmerso el gobierno al solicitar la captura y extradición de la cúpula del ELN que se encuentra en la Isla de Cuba.
Si bien es cierto que el acto terrorista cometido por esa guerrilla en contra de indefenso jóvenes en la escuela general Santander ha recibido el repudio nacional, y que este es considerado un delito de lesa humanidad que es condenado por la comunidad internacional, también lo es el hecho que cuando se sentaron en la mesa a negociar se acordó previamente los protocolos en caso del rompimiento de las negociaciones.
El hecho que el gobierno incumpla los protocolos firmados ha generado una gran controversia no solo a nivel nacional sino internacional, que de acuerdo al punto de vista que se mire cada cual tiene su propia interpretación.
Ahora bien si Cuba decide mantener o proteger a la cúpula del ELN en su territorio se estaría sometiendo a sanciones internacionales por parte de la Organización de las Naciones Unidas por parte de su Concejo de Seguridad.
Quince días tiene el gobierno cubano para permitir la salida de la cúpula del ELN es muy probable que las relaciones entre los dos países se terminen.
Es un hecho que esta controversia tiene tanto de político como de jurídico. De jurídico porque está de por medio la obligación de los Estados de derecho de cumplir lo acordado en los protocolos y de político porque mientras para unos los protocolos son acciones de los gobiernos de turno que no obligan, para otros son políticas de Estado que deben ser cumplidas por cualquier gobierno.
Es claro que con este incidente juridico-politico queda establecido que durante este gobierno no habrá ningún grupo al margen de la Ley que se le mida a entablar diálogos para desmovilización o dejación de armas.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que frente al acto terrorista del pasado jueves no hay protocolos que valgan. Se infiere con esta afirmación entonces que si se rompe la negociación con el ELN, por ende queda sin oficio.
El gobierno no puede desconocer, pese a que no había negociadores en la isla, que si había una mesa de negociación con los helenos, porque en reiteradas ocasiones había pedido a esa célula subversiva gestos de paz y la liberación de los secuestrados, lo que implica un reconocimiento tácito del hecho y por lo tanto una obligación de lo pactado.
