Es imposible sustraerse de opinar acerca de la trascendencia que tiene para nuestra sociedad el debate electoral próximo. La noble actividad de la política, entendida desde siempre como el arte de gobernar a los pueblos, ha pasado por diversas etapas de la historia a través de los regímenes o sistemas políticos que han venido evolucionando desde las monarquías hasta la democracia.
Desde luego, también se han presentado fenómenos esporádicos en los cuales el abuso del poder ha llegado a transformarse en las dictaduras y tiranías que siempre se escudan en la defensa del pueblo, pero terminan protegiendo intereses personales, familiares o ideológicos.
El sistema denominado Estado Social de Derecho acogido por el constituyente del 91, ha pretendido estimular la participación política del pueblo soberano, diseñando mecanismos de democracia participativa a cambio de los tradicionales de representación. En ese camino se formuló la circunscripción nacional para conformar el Senado de la República; se confirmó la elección popular de los alcaldes que ya venía desde antes; y se instauró la de los gobernadores. Los resultados de tales mecanismos de participación afianzaron los caciquismos electorales, fundamentados en el clientelismo derivado del uso y abuso de las prebendas del poder, pero especialmente por el incontrolado y exagerado costo de las campañas electorales.
Los sistemáticos escándalos de corrupción política y administrativa que se han afianzado en los últimos tiempos, coinciden con decisiones institucionales inspiradas en consolidar las llamadas famiempresas políticas, las cuales se cruzan entre sí favores recíprocos para mantener su vigencia dominante en las respectivas instancias del poder. El sistema judicial eligiendo o nominando altos funcionarios del Estado; la evidente ausencia de investigación y juzgamiento efectivo para los magistrados de las Altas Cortes; del procurador, contralor y fiscal; ha permitido que surjan permanentes mecanismos de impunidad por los favores recíprocos, hecho notorio que vino a desvelarse con el llamado “Cartel de la Toga”.
En éste amplio contexto es que las elecciones regionales de octubre están mostrando con claridad las alianzas que llaman coaliciones, para justificar el dominio de tales famiempresas, pues la estructura del corrupto sistema político vigente se fundamenta en los ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores; los cuales tienen que mendigar o comprar los respectivos avales que administran los congresistas.
Por otra parte, tal como también se observa, la recolección de firmas para avalar una inscripción se ha convertido en algunos casos, en el mecanismo habilidoso de pretender esconder los cordones umbilicales de los candidatos con esas famiempresas, tal como ocurrió en la pasada elección presidencial del señor Vargas Lleras, quien recogió más de 4 millones de firmas, pero solamente obtuvo un millón cuatrocientos mil votos.
Por las anteriores razones, entre muchas otras, es que el evento electoral de octubre constituye la prueba de fuego para tales maquinarias electorales; lo que explica en buena parte; esas coaliciones desesperadas entre quienes ayer fueron “ enemigos” y hoy son aliados pues de lo que se trata es de defender sus clientelas e intereses familiares y personales.
Ante estas claras evidencias vale recordar la famosa expresión del chapulín colorado cuando angustiado expresaba ¿…y ahora quien podrá defendernos..? La respuesta es única y contundente. Usted amigo elector, rechazando los halagos y falsas promesas de los politiqueros de siempre. La opción está en el voto libre, consciente, responsable, por candidatos que convocan a la unidad de todos por encima de intereses personales, familiares o de las clientelas y famiempresas electorales. Es la hora del voto de opinión.