Es indiscutible que la sociedad colombiana exige que la noble actividad política recupere credibilidad y confianza para asegurar los valores e instituciones democráticas, así como para hacer posible y real la eficacia del Estado en la prestación de los servicios esenciales a su cargo como son la seguridad; la justicia; la salud; la educación; la seguridad alimentaria; y la infraestructura vial y portuaria, aeroportuaria, entre otros; para que finalmente sea posible alcanzar una verdadera paz estable y duradera.
Los repudiables hechos comprobados de corrupción que cada día se difunden a través de los medios de comunicación, originados en la actividad política y gubernamental; está alcanzando niveles insostenibles, razón por la cual es indispensable y urgente que la llamada sociedad civil y la ciudadanía en general, apoyados por los medios de comunicación; empecemos a exigir la demostración irrefutable de transparencia y honestidad a quienes han decidido postular sus nombres a la gobernación y las diferentes alcaldías, asamblea y concejos municipales.
Preocupa que en nuestro caso, Bolívar haya sido catalogada como uno de los departamentos en donde los niveles de corrupción vienen creciendo de manera exponencial, mientras que al mismo tiempo, se hayan extendido de manera dramática la pobreza y la inequidad social.
Denuncias, investigaciones, escándalos, obras inconclusas, despilfarro y aprovechamiento ilegal de los recursos públicos se asocian inevitablemente con la politiquería clientelista que sin duda alguna es la fuente de la corrupción.
Por ello, con el fin de generar un movimiento de opinión ciudadana, respetable y fuerte, es la hora de exigirles a los diversos candidatos, especialmente a quienes aspiran a la alcaldía y gobernación, que empiecen a demostrar su transparencia y honestidad, requisito de primer orden para merecer el apoyo popular que les permita alcanzar tan alta dignidad.
No es ningún secreto que la intensa actividad proselitista de los candidatos exige gastos considerables que se incrementan diariamente hasta llegar al día de la elección. Las normas legales que rigen la materia siempre son violadas flagrantemente y los mecanismos que utilizan los organismos de control no garantizan su eficacia.
No debemos olvidar que quienes aspiran a ser ungidos con el voto ciudadano van a disponer durante los 4 años del período constitucional de cifras muy importantes del presupuesto público, el cual se nutre de los impuestos, tasas y contribuciones que salen de nuestros cada vez más exiguos ingresos familiares.
Llegó la hora de exigir absoluta transparencia a quienes pretenden obtener el derecho de regir los destinos de nuestra tierra y el progreso y bienestar de sus habitantes.