En un debate electoral entre el ex-presidente Santos y el entonces aspirante Óscar Iván Zuluaga, el segundo le discutió al primero que “estaba mintiendo al decir que no habría alternativa distinta a la cárcel y menos, curules al Congreso, para aquellos líderes de las farc que estuviesen involucrados en crímenes de lesa humanidad”.
Juampa se defendió tratándolo de mentiroso, alegando “que no pusiera en su boca palabras que no había pronunciado y que su compromiso era que esos señores pagarían cárcel si se les comprobaba que habían violado derechos humanos”. Pues todos sabemos lo que sucedió.
Zuluaga tenía la razón, pero Santos se ganó el nobel de paz y nos dejó la JEP, la cual, después de un año no ha pronunciado condena alguna; por el contrario, se han dedicado a escuchar a altos militares con público presente y a los “comandantes” de las farc a puerta cerrada, sin público ni víctimas.
Dolorosamente, nos hemos enterado de desafueros en una JEP que funciona a punta de corrupción y de roscogramas, con nómina y contratación de personal que representan el doble de lo que funciona en la Corte Suprema de Justicia.
Lo del fiscal Bermeo, en complicidad con un magistrado y una secretaria de ese ente judicial, es penoso.
Con razón en Colombia aumentó la “cosecha” de coca y, la violencia y la inseguridad se tomaron el país, con el presidente Duque acechado por la izquierda y por exfuncionarios de Santos, para que no objete, por inconvenientes, algunos apartes del estatuto para la JEP, como la conexidad política de graves delitos.
