Cuando en una sociedad como la nuestra se empieza a presentar altos casos de impunidad judicial por el incremento de delitos atroces que atentan contra el bienestar de las comunidades, empieza a aflorar un sentimiento popular, que los delincuentes de alta peligrosidad, debe ser sometido con sentencias a cadena perpetua. Esta es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, la cadena perpetua constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.
Los medios de comunicación diariamente están informando el cometimiento de delitos que están degradando la dignidad humana, sin que el Estado logre controlar esos excesos de la delincuencia que han desbordado la capacidad institucional de las autoridades. No se vislumbra a través de la laxitud que presenta el Código Penal para contrarrestar la creciente inseguridad a que estamos expuestos. Con preocupación los colombianos son espectadores de los altos niveles de violencia que presenta el país, de acuerdo con lo expresado por éstos.
Las actividades delincuenciales de secuestro, tráfico de estupefacientes y demás actos terroristas que siempre han azotado a esta Nación, tienen hastiada a la población de bien. Esta situación ha sido reiterada por las autoridades que periódicamente emiten informes estadísticos sobre estos delitos, que muchas ocasiones son de lesa humanidad. Producto de estas situaciones, empiezan a florecer la idea de algunos sectores de opinión, para que se establezca en la legislación colombiana, la cadena perpetua para estos delincuentes de alta peligrosidad.
Por este motivo, es preocupante el panorama que esbozó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el Congreso sobre el aumento de los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Si bien los homicidios cayeron un 7 por ciento en relación con la cifra del 2018 –pasaron de 3.148 casos a 2.942 en este trimestre– y también van a la baja las lesiones personales y el hurto al comercio, los otros indicadores van al alza, y en especial el hurto callejero, el que más golpea al ciudadano de a pie. Igualmente, se les debe poner freno a los delincuentes reincidentes. Lo anteriormente expuesto, ha generado un ambiente en el legislativo, donde se han radicado dos iniciativas en el Congreso que pretenden robustecer la protección a los menores de edad víctimas de ciertos delitos y otros de gravedad, a través de reformas constitucionales y penales.
