La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus, por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.
A Besaile Fayad y Lyons Muskus la Procuraduría les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.
La Procuraduría recordó que según lo señaló el Consejo de Estado, no se puede ordenar el pago de servicios que se hubieren ejecutado sin la previa celebración de un contrato, salvo que exista una amenaza o lesión inminente que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas, eventualidad que admite ejecutar actividades sin contrato y no se presentó en este caso.
En este sentido, el órgano de control determinó que el ente territorial no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, pues conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas.
En fallo de primera instancia, el órgano de control calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría General ordenó remitir copia de esta decisión a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la República, para que haga parte de las actuaciones que adelantan por hechos relacionados.