La Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el Presidente Iván Duque, pasó de los 183 artículos que contenía el proyecto radicado por el gobierno a 349 y de estos 44 (12.6%) son atinentes al sector Minero – energético. Dos iniciativas importantes para el gobierno, que fue quien las propuso, no prosperaron: la primera que proponía suprimir el subsidio a la tarifa de energía al estrato 3 y empezar el desmonte del mismo a los estratos 1 y 2 y la segunda se trataba, nada menos, de una reforma profunda al Sistema General de Regalías, recentralizando su manejo aún más de lo que está. Ambas fueron excluidas del texto de la Ley.
En cuanto al subsector minero, este Plan legisló en aspectos básicos que tienen que ver con asuntos en los que existen muchas lagunas debido a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley 1382 de 2010, por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa y la renuencia del gobierno al no volverla a tramitar, subsanando este vicio de trámite, dentro de los 2 años de plazo que le dio la Corte al modular su Sentencia. Por tal motivo, volvió a entrar en vigencia la Ley 685 de 2001, que se había reformado mediante la Ley 1382, dejando muchos vacíos que ahora procura llenar el Plan, pero me temo que, pese a la buena intención del gobierno y el legislativo tales normas puedan correr la misma suerte, por el mismo motivo y la misma razón.
En cuanto al subsector de los hidrocarburos, en las Bases del Plan, que es parte integral del mismo, se plantean unas metas en materia de exploración que no concuerdan para nada con las metas de producción tanto de petróleo como de gas natural. El Plan es consciente de la precariedad de las reservas de hidrocarburos con las que cuenta el país y hace una gran apuesta por ampliar la frontera enfocándose simultáneamente en el recobro mejorado, el off shore y los yacimientos no convencionales para incrementarlas. Pero, no guarda coherencia entre los medios y los fines, porque justamente se busca acrecentar las reservas para poder alcanzar metas más elevadas de extracción de hidrocarburos, mientras la meta de producción en el Plan (854 mil barriles/día) está incluso por debajo de la que sirvió de base al Presupuesto General de la Nación y el del Sistema General de Regalías, para la vigencia 2019-2020.
Es evidente que la economía del país sigue dependiendo de los hidrocarburos, expuestos como están a su inminente agotamiento, a la volatilidad de los precios internacionales y a la tendencia a la contracción de los mercados por cuenta de las acciones que se derivan del Acuerdo de París (COP21) tendientes a migrar desde las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Razón potísima para que el país se prepare para este nuevo escenario, en el cual los hidrocarburos perderán protagonismo, diversificando la matriz económica, diversificando y sofisticando las exportaciones y diversificando también los mercados de destino de estas. En ello el Plan se queda corto.
En cuanto al subsector eléctrico el Plan hace una gran apuesta por la Transición energética, para ir migrando progresivamente desde las energías de origen fósil, que contaminan y afectan el medioambiente, hacia las FNCER. En dicho Plan se le da un espaldarazo a la implementación de la Ley 1715 de 2014, que incentiva y estimula las FNCER, al tiempo que promueve el uso racional y eficiente de la energía. En las Bases del Plan se plantea la “consolidación de la integración de las FNCER a la matriz energética”. Así mismo, afirma que se “facilitará la incorporación de las FNCER al Sistema Interconectado Nacional”.
Las empresas y los empresarios de este subsector han manifestado su preocupación porque el gobierno, en múltiples aspectos, está asumiendo funciones regulatorias que son propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta y las demás comisiones regulatorias sectoriales se rigen por la Ley 142 de 1994 de Servicios públicos, como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. En el caso de la CREG fué creada por la Ley eléctrica (143 de 1994), con ese carácter y es parte de la arquitectura energética del país, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro económico mundial, ubicándola en el octavo lugar a nivel mundial. Además, no estamos seguros de que esta invasión del ámbito de su competencia no riña con el reglamento de la Organización para la Cooperación y el desarrollo, un club de buenas prácticas, cuya membresía acaba de adquirir el país.
Se prevé, además, que “el Ministerio de Minas y Energía ajustará la regulación para facilitar la conexión de proyectos y entrega de energía de las FNCER, al modificar los códigos de redes, los reglamentos de operación del mercado y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas”. De igual manera, nos parece muy atinada la iniciativa que traen las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el pasado 2 de mayo con 20 expertos nacionales y extranjeros y tendrá por objeto según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. ¡Enhorabuena!
[1] Miembro de Número de la ACCE
