Comenzó en el Congreso un periodo de sesiones extraordinarias que tiene un solo punto en la agenda: la discusión del Plan de Desarrollo de la administración Duque y de la ley que lo expide.
El debate al interior del Congreso se espera que sea álgido y candente si se tiene en cuenta que no todos los partidos o movimientos políticos con asiento allí, respaldan al gobierno de turno y sus iniciativas.
Es plan de desarrollo es la hoja de ruta del país hasta el año 2022 y son más de mil hojas en las que se esboza las propuestas del ejecutivo en materia presupuestal en diferentes tópicos y sectores de la economía nacional.
La columna central del mismo es –según el proyecto- es que exista una sociedad más equitativa y que la torta de las oportunidades este mejor repartida haciendo énfasis al apoyo del emprendimiento.
Es avezado el plan del ejecutivo pues plantea la creación de más de un millón quinientos mil empleos, sacar de la pobreza cerca de 2,9 millones de personas de la pobreza, reducción de la siembra de cultivos ilícitos, duplicar el acceso a la educación primaria y secundaria y talvez lo más importante, aumentar la generación de las energías limpias.
Como meta para lograr el objetivo plantea lograr aumentar la tasa de crecimiento de la economía en un punto porcentual, es decir llevarla del 3.5 que ha crecido en los últimos años a un 4.5% anual.
El proyecto de ley que acoge el plan propone reformas de mucha envergadura, que no pueden tomarse a la ligera y en más de un caso merecen un debate abierto y propuestas de ley individuales. Aunque son pocos los que ha logrado leerlo en su totalidad si se sabe que no hay mucho avance en el crecimiento del campo y el sector agropecuario, algo vital teniendo en cuenta que la riqueza de nuestro país está concentrada en el campo.
Sin embargo es muy probable, que las grandes discusiones se den en su aprobación se den sea por otros temas como sistema de salud, aportes a la seguridad social, subsidios, expedición de licencias ambientales, regalías, facultades para la reforma del Estado, contratos de concesión o gestión catastral son apenas unos pocos de los muchos elementos que se verían afectados.
Hasta las competencias de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda cambiarían en favor de este último, lo cual ocasionó ya la protesta de un puñado de respetados economistas ante lo que parece ser un ánimo de acumular más poder.
Lo cierto es que todo está por decidirse y está en manos del Congreso de la República.
