Que ya la firme, que ya se envió, que aquí no ha llegado nada, que había que corregir y que está en la Cámara, fueron algunas de las frases que se escucharon por parte del Congreso de la República con la Ley Estatutaria de La JEP, Justicia Especial para la Paz, que finalmente llegó a la cara de Nariño para la firma del Presidente Iván Duque Márquez.
Pero están equivocados aquellos que piensan que aquí termino el tortuoso camino de esta ley, que prácticamente es el eje central para el funcionamiento de la JEP y por ende para el marco jurídico para el desarrollo del acuerdo de paz firmado con las Farc.
Y no termina porque existe la posibilidad que la misma sea objetada por el presidente Duque y no tendría nada de raro que así fuera si se tiene en cuenta dos aspectos, primero que la misma Constitución política se lo permite y segundo – y para nadie es un secreto- que ni el partido de gobierno que lo llevo a ese cargo ni el mismo mandatario, han sido afectos a esos acuerdos.
Objetada la ley, esta será nuevamente enviada a las cámaras del legislativo y si esta fue objetada por inconveniencia, pero nuevamente fuere aprobada por la mayoría absoluta, el presidente deberá aprobarla sin que pueda presentar nuevas objeciones.
Y si el presidente se niega afirmarla le corresponderá al presidente del Congreso Ernesto Macías, sancionarla y promulgarla, algo que no pasará pues es conocido que Macías es un declarado opositor de la forma como se lograron estos acuerdos de paz.
Hay que tener en cuenta que si llegare a existir desacuerdos o discrepancias entre las respectivas Cámaras en torno al texto, el proyecto de ley será archivado como lo establece el artículo 200 de la Ley quinta.
A todas luces y por lo expuesto se colige que existe un gran riesgo de que el funcionamiento de la JEP y el funcionamiento de la justicia transicional, se queden en el camino sin aprobación, lo que podría –no se descarta- que hacia futuro se pudiere provocar una intervención de la Corte Penal internacional por los incumplimientos de lo pactado durante el proceso de paz.
La preocupación va más allá si se tiene en cuenta que la hoy militancia de las Farc desmovilizada, se encuentra a la espera de su aprobación puesto que a la fecha ellos se encuentran en un verdadero limbo jurídico y no saben cuál será su futuro.
El futuro de la JEP no es para nada claro, pero lo que tampoco es claro es porque no se quiere que se apruebe la justicia transicional, que permitirá conocer la verdad de lo que realmente paso en más de cincuenta años de guerra en este país y conocer a sus responsables.