La elección del nuevo Contralor General de la Nación, debe ser punto de partida en la promoción de un frente común para la defensa de un correcto manejo de los recursos públicos.
El Congreso de Colombia eligió ayer lunes a Felipe Córdoba como Contralor General de la República para un período de cuatro años. Fue un acto de la mayor importancia, articulado al funcionamiento del Estado y del Gobierno en el contexto de su legitimidad. Esta elección es considerada como el primer golpe al Centro Democrático que no pudo lograr el consenso para elegir a Lafaurie.
La Contraloría es una entidad esencial en el engranaje de la administración pública.
Le compete ejercer veeduría puntual sobre la utilización de los recursos oficiales y velar para que estos respondan a las necesidades de la Nación y garanticen el cumplimiento de las políticas que se ejecuten en función del bienestar general.
El contralor elegido está llamado a obrar con la mayor solvencia ética, una exigencia que cuenta también para garantizar el desempeño idóneo de los servidores dependientes de su autoridad.
Es una articulación de obligación ineludible para hacer viables los resultados óptimos en el control fiscal, en cumplimiento del ordenamiento establecido.
Por tal motivo la elección de Contralor General de la República no se podía convertir en una feria de ambiciones clientelistas, pero así fue, un enfrentamiento entre partidos.
No tiene por qué bajarse al rasero de los cálculos burocráticos. Aquí tenía que prevalecer la decencia, el rigor del conocimiento y la fidelidad a la independencia para no ser obsecuente con quienes buscan indebidos aprovechamientos a costa de los recursos oficiales.
Fue sin duda oportuna la preventiva observación del contralor Edgardo Maya en el sentido de que tan alto cargo no fuera a ser copado por algún corrupto. Es la defensa de la integridad que debe primar en el nuevo Contralor debe asumir la responsabilidad de velar por el correcto manejo de los recursos de la nación.
La mala conducta en el desempeño de funciones públicas no ha sido ajena a la Contraloría en varios períodos. En el pasado los desvíos alcanzaron niveles desastrosos y varios de sus titulares terminaron condenados judicialmente como responsables de actos ilícitos probados. Y el mal ejemplo fue replicado en las entidades territoriales.
Ahora que está en boga redoblar la lucha contra todas las formas de corrupción se impone preservar la Contraloría de las malas tentaciones que no abandonan algunos de los cazadores de cargos de poder.
Para los partidos con representación en el Congreso la elección de Contralor es una prueba de su posición frente a la corrupción. Tienen que despojarse de la exigencia de contraprestaciones burocráticas al elegido y comprometerse en un ejercicio de transparencia. Es mejor para las colectividades una Contraloría que le sirva a la nación y no se enrede en la piñata del clientelismo.
Al Gobierno igualmente le conviene contar con una Contraloría que ejerza sus funciones conforme a la ley y al interés nacional y no como cómplice de malos manejos.
La elección de Córdoba como nuevo Contralor en el día de ayer debe ser punto de partida en la promoción de un frente común para la defensa de un idóneo y correcto manejo de los recursos públicos a fin de que toda la inversión o gasto de funcionamiento en el sector público se haga libre de cualquier trampa.
Fue una elección que dará la oportunidad de poner por encima de las mezquinas ambiciones los fundamentales intereses de Colombia, como patrimonio de todos, para beneficio también colectivo.