Desde el comienzo de las sociedades humanas cuando el hombre sintió la necesidad de agruparse y definir un modo de vida más sedentario, dejando atrás su experiencia de cazador y conquistador de territorios, empezó a surgir una idea del derecho como mecanismo regulador de su vida comunitaria.
Con el paso del tiempo y en la medida en que los grupos humanos se extendieron con base en la relación de clanes y luego de familias; las primeras disputas empezaron a suceder debido a liderazgos naturales y sobre todo a los diferentes intereses personales y de grupo. Surge así entonces la idea de la política como elemento de confrontación en la lucha por alcanzar el poder para dirigir los destinos de la colectividad.
Con la evolución de las diferentes agrupaciones raciales, geográficas y culturales; nacen las organizadas campañas de conquista y dominación territorial en las que los guerreros asumen el liderazgo social y político; desplazando a los que, por su capacidad económica, sustentada en el feudalismo y la actividad comercial; venían imponiendo las condiciones normativas y legales con las cuales ejercían el poder político.
Algunas de tales sociedades terminaron creando grandes imperios que influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la humanidad, aportando sus valores culturales, sociales y políticos, muchos de los cuales aún tienen plena vigencia histórica.
En la llamada cultura occidental, es sin duda alguna la que en Grecia vio florecer el pensamiento filosófico y político, mientras en la Romana, se hicieron los más valiosos aportes del pensamiento jurídico.
Desde tales orígenes venimos conociendo y explicando la recíproca y sustancial relación existente entre política y derecho. Tales conceptos sociales son inseparables.
Se trae a colación esta breve reflexión histórica para entender la enorme expectativa que se generó con ocasión de las objeciones formuladas por el presidente Duque, en relación con la ley estatutaria que reglamenta la JEP.
En medio de la nefasta polarización que nos agobia, tirios y troyanos olvidaron que la política y el derecho son conceptos inescindibles que permiten dirimir las diferencias para garantizar la sana convivencia social. Quienes negaban el derecho del presidente a formularlas considerando que con ellas pretendía “hacer trizas” el Acuerdo de Paz; como quienes las consideraban convenientes y necesarias para corregir evidentes errores derivados de tal Acuerdo, soportaban sus opiniones y deseos determinados por el criterio político. La decisión de la Corte, guardiana de los principios y valores que inspiran la Constitución Política, zanjó la discusión en estricto derecho, como era lo razonable.
Reconoció que el concepto de conveniencia es un concepto de alto contenido político y que como tal hace parte de las facultades que la Carta le otorga al presidente en tales circunstancias. Pero al mismo tiempo dejó en claro que en las democracias inspiradas en la separación de los tres poderes del Estado, cada uno actúa con autonomía e independencia; no obstante que todos deben concurrir de manera armónica a facilitar y promover los fines de aquél previstos en la constitución.
La discusión se desplaza ahora al Congreso donde el criterio político es predominante, en el claro entendido, como lo precisó la Corte, que su decisión o la falta de ella, le regresa su indiscutible competencia para que se armonice con los postulados, principios y valores plasmados en la constitución política.
Una vez más se hace vigente e indiscutible la inescindible relación entre el Derecho y la Política.
