La reciente captura de un fiscal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el momento en que al parecer recibía 40 mil dólares, con el fin de que incidiera en la extradición del ex jefe guerrillero alias Jesús Santrich, avivará los ataques hacia esta Institución por parte de detractores del proceso de paz, que desde el inicio de sus funciones han puesto en entredicho su imparcialidad y su papel en el Estado colombiano.
Esta noticia surge casualmente en medio de críticas y controversias hacia este importante organismo por parte de diferentes sectores. Una de ellas fue el fuerte reparo de la Fiscalía sobre la ley estatutaria de la JEP, que el presidente debe sancionar u objetar antes del 11 de marzo. Se trata de aspectos que a juicio del Fiscal General de la nación, afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas, alegando que varias disposiciones son inconvenientes respecto a la política criminal del Estado.
Otro episodio tiene que ver con las críticas de la senadora Paloma Valencia (del Centro Democrático) al funcionamiento de la JEP, especialmente en lo relacionado con su nómina, la contratación de muchos funcionarios y el enorme gasto fiscal que conlleva su labor. Valencia denunció la suscripción de un contrato con Miguel Samper (hijo del ex presidente Ernesto Samper), exdirector de la Agencia de Tierras, por un valor de 50 millones de pesos, para que durante algunos días le ayudara a esta Entidad, a desarrollar uno de los puntos del acuerdo de paz.
Y el último episodio relacionado es la negativa del Gobierno norteamericano a la entrega de más pruebas en el proceso que actualmente cursa en contra de Jesús Santrich por supuesto tráfico de estupefacientes.
Analizando todo el anterior contexto, pareciera que la Fiscalía le tendió una trampa a un miembro de la JEP, con el ánimo de exponer la débil moralidad de uno de sus integrantes y poner en tela de juicio su trabajo y buen nombre.
Ojalá que este deplorable episodio no mine la confianza de la ciudadanía en una Institución que es clave en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, propia de toda etapa de posconflicto. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
