Dejando a un lado si es inocente o culpable, sí debemos percatarnos, como ciudadanos de un Estado Social de Derecho, de las consecuencias de vulnerar el derecho a la doble instancia de un colombiano.
Con sesgos ideológicos, cada sector político ha sacado conclusiones en el caso de Andrés Felipe Arias, muchos usurpando las competencias de la justicia, sin entender las consecuencias de dejar escrito en la historia de nuestro país un precedente de vulneración directa al debido proceso. Arias, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a unos mínimos inamovibles que garanticen la correcta aplicación de la justicia.
El debido proceso es un derecho infranqueable a la luz del principio de legalidad que rige nuestro Estado, desconocerlo implicaría atentar directamente contra los postulados del Estado Social de Derecho, poniendo en jaque nuestro sistema democrático.
Dentro de los postulados del debido proceso, el derecho a la doble instancia se convierte en una garantía procesal, no discrecional del Estado, pues todo ciudadano, sin restricción alguna, tiene derecho a recurrir el fallo, por lo que sería inconstitucional cualquier restricción o condición que limiten el disfrute de esta garantía procesal.
Imaginen que ustedes hubieran sido condenados hace años por un delito y su país les restringe el derecho a debatir ante otro juez su condena, y hoy su vecino comete el mismo delito y tiene la posibilidad de recurrir el fallo y ser declarado inocente. Sería injusto para ustedes, ¿no?
Negarle la doble instancia a Arias es poner en jaque los principios rectores de nuestro Estado, desconociendo precedentes internacionales. No se trata de la ideología política de Arias, se trata de salvaguardar el debido proceso de un ciudadano. Mucho está en juego.
