El fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas, quien según la Fiscalía es miembro de una empresa criminal que tenía como fin recibir dinero a cambio de favorecer a Jesús Santrich en el proceso de extradición que se adelanta en su contra.
La decisión también cobijó a Luis Alberto Gil, Luis Orlando Villamizar, Ana Cristina Solarte Burbano, esposa de Bermeo, y Yamit Alejandro Prieto Acero, quienes también fueron imputados por los delitos concierto para delinquir y por cohecho.
Para la Juez 22 con función de Control de Garantías, quien tomó la determinación, está claro el comportamiento de los procesados y hoy enviados a la cárcel merecen una medida de aseguramiento, por cuanto los mismos podrían obstruir a la justicia y continuar con la conducta delictiva.
“Las medidas no privativas de la libertad no son lo suficientemente idóneos para asegurar el fin por el que se solicita la medida de aseguramiento, la que solo puede darse de manera intramural”, aseguró la juez que lleva el caso en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
La juez argumentó que la Fiscalía dejó en evidencia que Bermeo y sus compañeros de presunta ilegalidad cometieron el delito de concierto para delinquir, debido a que se constató la existencia de un grupo de personas que desde el 1 de marzo del año en curso, y tras una serie de reuniones, pactaran el propósito de entregar importante suma de dinero en dólares para favorecer al excombatiente de las Farc pedido en extradición por autoridades extranjeras, esto sin percatarse que estaban siendo grabados por un agente encubierto de la Fiscalía.
De acuerdo con lo expuesto por la juez, dichos encuentros se dieron en dos escenarios: en el lobby de dos hoteles ubicados en la capital del país y en una habitación. Así las cosas, la juez aclaró que, “Bermeo Casas estaba incurso en una empresa criminal cuyo propósito era recibir dinero”.
Sobre el delito de cohecho propio, la juez explicó que relaciona esta actuación no es otra cosa que un funcionario público reciba dádivas a cambio del tamaño de un procedimiento judicial. Bajo ese entendido, la juez sacó a colación un pronunciamiento del delegado de la Fiscalía que expuso los hechos.
“Se derivan varias órdenes de policía que vamos a retardar. Al menos una prórroga de 30 días. Hasta ahora se dio cuenta que se enviaron unos documentos de la DEA se los devolvieron, Santrich quedó feliz, todo está saliendo bien”, a este preciso enunciado la juez le da crédito al delito de cohecho propio.
Ante la decisión emanada por la juez, la defensa de los procesados no interpuso recurso de apelación. Contrario a lo que realizó la Procuraduría.
