Un hombre logró ingresar a las instalaciones en un vehículo cargado de explosivos, llevándose por delante a un policía de la guardia. Terminó inmolándose al estrellarse contra un alojamiento. En un hecho sin precedentes en Colombia, habría detonado un artefacto que les quitó la vida a diez personas.
La detonación de un artefacto explosivo contra la Escuela General Santander podría tratarse de un hecho sin precedentes en la historia de la violencia colombiana. Información que está pendiente de ser confirmada indica que un hombre logró entrar hasta el lugar violando los controles de seguridad.
El vehículo quedó registrado por cámaras de seguridad. Unas primeras versiones indican que se movilizaba a alta velocidad por la autopista sur y que al llegar a la Escuela, habría violado los controles de la guardia y pasó por encima de los conos ubicados en la portería. Aunque los auxiliares habrían abierto fuego al vehículo, este terminó estrellado con los alojamientos y estalló, dejando por lo menos a diez personas muertas. Un primer gran interrogante es si la explosión se debió al choque o que contaba con un dispositivo de activación. Esta versión se desprende de las conversaciones radiofónicas sostenidas por miembros de los organismos de seguridad a cargo de atender la emergencia (Escuche audio).
Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuído la responsabilidad sobre el atentado. Las autoridades trabajan en confirmar la forma en que se realizó el ataque y qué tipo de explosivo pudo haber sido usado. La Embajada de Estados Unidos ofreció asistencia en la investigación.
La escuela de cadetes general Santander es una de las instituciones más insignes de la Policía, allí es donde se forman los futuros oficiales. De esas aulas se gradúan cada año varios contingentes en el grado de subtenientes. Se trata del Alma Máter de todos los comandantes y directores que ha tenido la Policía.
De llegarse a confirmar el ataque por parte de un kamikaze se trataría de un hecho sin precedentes en la historia colombiana. Ni siquiera en la peor época de Pablo Escobar, el capo logró entrar a las instalaciones de la Escuela General Santander para detonar un artefacto de este poder. El sanguinario narco llegó a capaticitar a sicarios que estaban dispuestos a asumir misiones de alto riesgo en las que sabían que con seguridad serían detendios o que si no se rendían serían abaleados por los escoltas de la víctima. Pero no hay antecedentes sobre un criminal que asuma su misión con la certeza de que perpetrarlo le costará la vida.
Hace un año, para esta misma fecha, el ELN protagonizó un cruento ataque terrorista contra una estación de la Policía en Barranquilla que dejó a cinco agentes muertos. En este caso, fue capturado Camilo Bellón como principal sospechoso de ejecutar el acto terrorista. A esta hora, el presidente Iván Duque se reúne con los jefes de los organismos de seguridad para evaluar la situación.
Un año de la JEP
La Jurisdicción Especial de Paz cumplió un año de funcionamiento. La entidad fue creada tras los acuerdos de La Habana para juzgar a ex combatientes, militares y civiles.
Durante este primer año la JEP ha tenido tantos defensores como detractores y su funcionamiento ha estado marcado por las continuas desavenencias con la Fiscalía.
Podría decirse que hasta el momento el único balance que puede hacerse es cuantitativo. A la fecha se han acogido cerca de 9.600 ex integrantes de las Farc, más de 1.900 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos cuatro generales, y 33 agentes del estado no militares.
La mayoría de ellos deberán responder en los cinco casos que ha abierto relacionados con secuestros, homicidios y desapariciones y falsos positivos. En cuanto a su efectividad hay mucho que preguntarse. La entidad ha dilatado decisiones cruciales como la extradición de Jesús Santrich, la situación jurídica de alias el Paisa y solicitudes de ingreso del político Alberto Santofimio y del general en retiro Miguel Maza.
Igualmente, tiene pendiente pronunciarse sobre la conducta errática de Iván Márquez. La principal crítica que le hacen los opositores a la entidad es que su administración pueda estar marcada por una tendencia ideológica que favorezca a los miembros de las FARC, no le dé el papel que merecen las víctimas y sobre todo que se juzgue con mayor rigurosidad a los miembros de la fuerza pública.
La misma entidad ha confirmado que el caso que avanza con mayor celeridad es el de los falsos positivos y ese es el argumento con el que se ha pedido se reformen los aspectos relativos a los procesos de militares.
En conclusión a un año de funcionamiento hay pocos hechos para “juzgar” la gestión de la JEP
