A escasos 100 días de haber iniciado sus gobiernos varios mandatarios de este departamento ya están en la mira de los entes de control del país por el presunto mal uso de los recursos públicos en medio de la pandemia.
El departamento de Sucre bien podría sacar la cara en el concierto nacional por tener, de momento, un solo caso positivo de la COVID-19 y cuyo portador está en satisfactoria recuperación, pero no lo puede hacer porque tristemente está en la lista de los investigados por presuntos hechos de corrupción por los contratos celebrados en medio de la emergencia sanitaria.
Tanto en la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación el nombre de Sucre se afianzó más desde el mediodía de este viernes cuando estos entes dieron a conocer los primeros resultados de las investigaciones que adelantan.
Por ejemplo, en la relación de indagaciones preliminares abiertas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República aparecen los municipios de Sincelejo y Coveñas.
Los dos autos de Sincelejo son los 223 y 224 del 2020 por posibles sobrecostos y/o daños derivados de la ejecución en los contratos 003 y 004 de celebrados entre el alcalde Andrés Gómez Martínez y las empresas Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS.
Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio, pero aún así persisten los sobrecostos.
Ambos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio y fueron suscritos el 24 de marzo en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.
“Al revisar la Contraloría el valor unitario de cada uno de los kits contratados, y compararlo con el valor resultante de los precios certificados por el DANE, se encontró una diferencia de $19.978, lo que supone una variación porcentual del 18% y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de $266.360.274 en cada contrato”, dice la Contraloría.
Coveñas
Para el caso de Coveñas la apertura de la indagación preliminar fue hecha a través del auto 227 de 2020 por posibles sobrecostos en un contrato suscrito entre el municipio de Coveñas y la Fundación Servicios y Consultoría Caribe (Funcarservicios), por valor total de $1.206 millones, “para la ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia en el marco de la situación de calamidad pública declarada mediante el Decreto 045 del 20 de marzo de 2020”.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI de la CGR estimó un presunto daño patrimonial en cuantía de $193.238.100, al establecerse que el kit de alimentos se adquirió por un valor superior en un 21% frente a los costos del mercado (reportados por el DANE).
Investigaciones disciplinarias
Adicional a ello, los alcaldes de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, y de Coveñas, Rafael Ospina, deberán responder por estos mismos hechos, pero de forma disciplinaria, ante la Procuraduría General de la Nación, ente que aperturó 70 procesos en 55 municipios y además de estos dos también figuran en el departamento de Sucre los de Corozal, San Onofre, Betulia, San Benito, San Marcos, Morroa, Sampués y Toluviejo.
En la Procuraduría también cursan 24 procesos disciplinarios en contra de 14 Gobernaciones y la de Sucre es una de ellas.
Investigaciones penales
En lo que a la Fiscalía concierne el jefe de ese órgano, Francisco Barbosa, reveló que hay en curso 38 indagaciones preliminares con noticia criminal que cobijan a 41 funcionarios, entre ellos del departamento de Sucre.
El Fiscal fue enfático al indicar que no entregaba más detalles, pero anunció que habrá privaciones de la libertad.
“Lo nuestro (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) es un discurso con acciones. Esto no ha terminado, está empezando”, anotó el Fiscal General.
