Por: Omar Cuello Romero.
El gobierno nacional empezó a debatir la posibilidad de hacer una gran reforma política, con el fin de democratizar el estado y mejorar la legitimidad política. Con ese propósito, el proyecto busca fortalecer el pluralismo, cumplir con los acuerdos de paz de 2016 y avanzar en la construcción de la “paz total”.
Antes de entrar en detalles sobre la reforma, es necesario identificar sus razones. Hay tres motivos claves que impulsan la búsqueda de cambio. En primer lugar, por el rechazo a la corrupción inmersa durante la primera vuelta presidencial.
Por otro lado, fue propuesta para cumplir los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC-EP, pues en ellos se fijaron sus contenidos generales. Y, finalmente, por el estallido social que reunió a miles de jóvenes en las calles colombianas.
Estos antecedentes explican los cuatro proyectos presentados al congreso: uno del presidente del Senado, Roy Barreras, otro del Partido Comunes, el tercero de la senadora María José Pizarro, y el último por iniciativa del gobierno.
Para analizar este tema y los antecedentes, es necesario examinar el proyecto que propone el gobierno. Para esto, es necesario cambiar ocho aspectos para mejorar la política del país.
. Facilitar la creación y reconocimiento jurídico de nuevos partidos, sin el umbral electoral del 3 % actual y con una base de afiliados del 0.2 % del censo electoral, alrededor de 80.000 , junto a nuevas reglas para otorgar avales a nivel territorial.
Promover la participación de los jóvenes mediante la disminución de la edad para ser elegidos en el congreso de 30 a 25 años y en la cámara de 25 a 18 años.
- Adoptar un sistema de financiación de las campañas “exclusivamente estatal”.
- Limitar la reelección de cada asociación pública a no más de dos períodos.
- Establecer que todos los partidos y movimientos políticos deben inscribir listas únicas, cerradas y bloqueadas, con paridad de género, para las agrupaciones de elección popular.
- Obligar a utilizar mecanismos de democracia interna para escoger candidatos y designar directivos.
- Permitir que los partidos minoritarios que participen de una coalición y que logren la elección de sus candidatos, soliciten de forma voluntaria la fusión de todos o parte de ellos, para obtener una sola personería jurídica.
Las propuestas tienen antecedentes concretos que explican su procedencia y necesidad. Casos, por ejemplo, como la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de Petro o la necesidad de abrir caminos y superar el déficit participativo de los jóvenes en el sistema político.
En cuanto a la propuesta que crea nuevas reglas para la obtención de personería jurídica a los partidos es menos sólida. Esta idea, contemplada en los acuerdos de paz y en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, no parece ser adecuada para la realidad partidista actual.
En primer lugar porque desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, la Corte Constitucional y el CNE, otorgaron seis nuevas personerías jurídicas sin el cumplimiento del umbral del 3 %. Y, porque actualmente existen 25 partidos reconocidos, 18 de los cuales alcanzaron la personería a través de coaliciones.
Un sistema electoral con ese número de partidos de distinto espectro ideológico, no parece excluyente, ni contrario al pluralismo.
Sin embargo, los cuatro proyectos fueron acumulados y se propuso una nueva versión que introdujo varios cambios e incorporó algunas propuestas. Con la adición, los cambios más relevantes fueron los siguientes:
Devolver a la procuraduría la facultad para destituir o suspender funcionarios de elección popular;Suprimir el régimen de adquisición progresiva de derechos para las agrupaciones políticas;Establecer la obligación de los partidos de organizarse democráticamente y garantizar la paridad de género. No solo en la confección de las listas, sino en sus cuadros directivos.Solo se otorga aval a quien tenga una militancia mínima de seis meses en la organización política. Control necesario para evitar la captura y compra-venta de avales de último momento.Mantener las listas únicas, la columna vertebral de la reforma, como fórmula electoral.Estipular que los partidos tendrán un año a partir de la vigencia de la reforma para establecer los mecanismos democráticos de elección de candidatos y directivos. Sin este requisito, no podrán postular candidatos.Desarrollar la regla de la paridad de género, alternancia y universalidad para la elaboración de las listas.
Fijar un régimen de financiación de las campañas principalmente estatal, y, aportes privados, que irán al Fondo de Financiación de Campañas, a cargo del Consejo Nacional Electoral. E indicar que los proveedores financieros de campañas de los partidos podrán señalar libremente la destinación específica de esos recursos y, en ningún caso, la financiación podrá destinarse exclusivamente a un solo candidato.Establecer por dos periodos el sistema de voto obligatorio para fortalecer la cultura ciudadana.En cuanto a las coaliciones, dispone que, para las elecciones a congreso, las agrupaciones que alcancen el umbral obtendrán el reconocimiento de una sola personería jurídica, si así lo solicitan.
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