Mediante un fallo de segunda instancia la Procuraduría Regional de Bolívar reafirmó la suspensión del exalcalde de Santa Catalina, Jesús Levin Betts Contreras, al considerar que mientras ocupó dicho cargo, entre 2012 y 2015, cometió irregularidades en el manejo del presupuesto de ese municipio.
La decisión llegó 5 meses después de que Betts fuera suspendido por la Procuraduría Provincial de Cartagena, cuando el pasado 25 de mayo el ente de control dictó un falló de primera instancia en el que resolvió que el exalcalde era culpable de “omisión en la presentación del proyecto de presupuesto al Concejo municipal” .
Pese a que el fallo inicial fue apelado por el exfuncionario, la Procuraduría Regional confirmó la decisión y resolvió suspenderlo por 4 meses, alegando que en su condición de alcalde desbordó los parámetros que impone la ley y la constitución, consumando una falta grave.
“Este despacho luego de valorar en conjunto el acervo probatorio incorporado al proceso disciplinario, encuentra que la actuación de Jesús Levin Betts Contreras, en su condición de alcalde municipal de Santa Catalina, desbordó los parámetros que impone la ley y la constitución”, reposa en el fallo.
La sanción
De acuerdo a los artículos 44 y 46 de la Ley 734 de 2002, “las faltas graves se sancionan con suspensión del cargo no inferior a un mes y no superior a 12 meses, sin embargo cuando no fuere posible ejecutar por tanto el disciplinado ha cesado en sus funciones se convertirá en multa el término de la suspensión de acuerdo al salario devengado para el momento de la comisión de la falta”.
Por eso, teniendo en cuenta que Betts ya no ocupa su cargo como alcalde del municipio, se le exigió devolver los salarios devengados durante los 4 meses de suspensión y responder por los compromisos adquiridos durante el lapso en que debía estar fuera de su cargo.
Irregularidades
En 2017 la Contraloría Departamental de Bolívar, tras el cierre de indagación preliminar decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Santa Catalina, Jesús Levin Betts Contreras, y su extesorero Walter López Barrera.
El ente argumentó que habrían incurrido en un presunto detrimento patrimonial, pues al parecer se hallaron irregularidades en el manejo administrativo al realizar pagos a diferentes personas sin que mediara contrato alguno y sin haber emitido los certificados de disponibilidad presupuestal.
Además, por haber girado cheques y retirar dinero de las cuentas del municipio por 1.209 millones de pesos sin los respectivos soportes para realizar dichas transacciones.
Los hallazgos se habrían presentado luego de que el entonces alcalde electo, Salomón Castro Cantillo, solicitara el acompañamiento de los entes de control debido a que no se hizo un proceso de empalme como lo estipula la ley.
En ese entonces La Contraloría estimó el daño patrimonial en la Alcaldía de Santa Catalina por $1.469 millones.