Por presunto detrimento patrimonial, el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España, presentó el 6 de mayo pasado ante la Contraloría General una solicitud de control excepcional sobre la contratación ejecutada por la exalcaldesa Yaneth Cortés Díaz y por la actual mandataria Herlides Arango, en el municipio de Cantagallo.
En el documento se precisa la revisión de tres convenios que fueron adjudicados por la ex alcaldesa Cortés Díaz al contratista Rafael Bejarano Gualdrón, por más de $30 mil millones, financiados con recursos de regalías y que, pese a que debieron quedar listos desde hace más de 2 años, a la fecha siguen inconclusos.
El primer convenio que se cita en la solicitud es el 003 de 2011, realizado entre la Alcaldía y Bejarano Gualdrón para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, por un valor de $10 mil millones que, según detalla el documento, no han sido entregada ni liquidada.
“El 95% de Ia obra ya se pagó y cada día los habitantes del municipio padecen los cortes del suministro del precioso líquido. Existe actualmente una demanda por este convenio ante la Fiscalía General de la Nación. Existe otra queja en la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja. Proceso en el olvido. En los hallazgos de la Contraloría descubrí que las obras no se habían ejecutado”, reposa en el documento.
El segundo contrato al que alude el veedor, es el 008 de 2015, adjudicado al mismo contratista por $12 mil millones de recursos de regalías, para la construcción del alcantarillado del pueblo.
En el año 2014, la exalcaldesa Janeth Esther Cortés Díaz declaró la licitación fallida. En el 2015, la exalcaldesa abrió una nueva licitación y adjudicó el contrato días antes de culminar su periodo.
“Una obra de 12 meses de ingeniería, de esa magnitud, la exalcaldesa Cortés la redujo a dos meses. ¿Por qué evitó comprometer vigencias futuras?, además, con la queja ciudadana de no permitir que la obra se ejecutara en la jornada nocturna, le adicionan seis meses al contrato. En el año 2015 no se iniciaron las obras. En enero de 2016 se inicia la obra hasta junio de 2016. Estamos en mayo de 2019 y la obra aún no termina”, argumenta el veedor.
Finalmente, en el documento se refiere al contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, también ejecutado por el mismo contratista. Pese a que se cumplió el tiempo de ejecución en mayo de 2019, esta obra sigue inconclusa y con retrasos. “Los giros del proyecto se encuentran suspendidos de parte del Departamento Nacional de Planeación, debido a serias irregularidades”, puntualizó Calderón, quien aseguró que las presuntas irregularidades de esas contrataciones serán presentadas ante la Fiscalía General.
