Tras 19 años de la masacre ocurrida en el corregimiento de El Salado (El Carmen de Bolívar), un nuevo capítulo se escribe para las víctimas que dejó este lamentable hecho. Esto luego que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declararan responsable a la Nación, en un fallo de primera instancia, de la masacre de 33 personas en este corregimiento. El fallo ordena a la Nación la indemnización de las familias de las víctimas, por más de $20 mil millones.
Después de valorar las pruebas, mediante la sentencia 00093, el tribunal determinó que las autoridades asentadas en la región estaban al tanto del riesgo al que estaban expuestos los pobladores de El Salado y, además, tenían la obligación de protegerlos. Sin embargo, no lo hicieron.
“Se advierte que los entes demandados -Nación, Ministerio de Defensa, Armada y Policía Nacional- omitieron el cumplimiento de sus deberes de protección, control y vigilancia, omisiones que habrían incidido de manera adecuada en la génesis de detrimentos causados por las Autodefensas Unidas de Colombia, puesto que sabían del riesgo al que estaban sometidos los occisos y no hicieron nada para impedir su realización. Es evidente que las autoridades de la Fuerza Pública de la región -Armada Nacional y Policía- eran totalmente conscientes de las múltiples vulneraciones de los derechos de la población del municipio de El Carmen de Bolívar por parte de terceros, derechos cuya protección estaba a su cargo”, precisa el documento.
La indemnización fue tasada en 22.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente $18 mil millones, para padres, compañeras permanentes, hijos, esposas, nietos, hermanos y abuelas de las víctimas. Además, por concepto de daño material de lucro cesante deberá entregárseles una suma de $4.448 millones.
Sumada a la compensación monetaria, el fallo ordena medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición, como requerir al Centro de Memoria Histórica guardar el fallo y realizar un documental en el que se difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El Salado, cuya financiación estará a cargo de la Nación. Esta también deberá asumir el costo de una placa conmemorativa, así como la construcción de una obra artística que la acompañe. También realizar campañas de información en las poblaciones de El Salado y Villa del Rosario, en El Carmen de Bolívar, mediante las cuales difundan un conocimiento apropiado sobre los derechos que le asiste a la población civil frente a los riesgos remanentes del conflicto, entre otras medidas.
Tras 19 años de la masacre ocurrida en el corregimiento de El Salado (El Carmen de Bolívar), un nuevo capítulo se escribe para las víctimas que dejó este lamentable hecho. Esto luego que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declararan responsable a la Nación, en un fallo de primera instancia, de la masacre de 33 personas en este corregimiento. El fallo ordena a la Nación la indemnización de las familias de las víctimas, por más de $20 mil millones.
Después de valorar las pruebas, mediante la sentencia 00093, el tribunal determinó que las autoridades asentadas en la región estaban al tanto del riesgo al que estaban expuestos los pobladores de El Salado y, además, tenían la obligación de protegerlos. Sin embargo, no lo hicieron.
“Se advierte que los entes demandados -Nación, Ministerio de Defensa, Armada y Policía Nacional- omitieron el cumplimiento de sus deberes de protección, control y vigilancia, omisiones que habrían incidido de manera adecuada en la génesis de detrimentos causados por las Autodefensas Unidas de Colombia, puesto que sabían del riesgo al que estaban sometidos los occisos y no hicieron nada para impedir su realización. Es evidente que las autoridades de la Fuerza Pública de la región -Armada Nacional y Policía- eran totalmente conscientes de las múltiples vulneraciones de los derechos de la población del municipio de El Carmen de Bolívar por parte de terceros, derechos cuya protección estaba a su cargo”, precisa el documento.
La indemnización fue tasada en 22.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente $18 mil millones, para padres, compañeras permanentes, hijos, esposas, nietos, hermanos y abuelas de las víctimas. Además, por concepto de daño material de lucro cesante deberá entregárseles una suma de $4.448 millones.
Sumada a la compensación monetaria, el fallo ordena medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición, como requerir al Centro de Memoria Histórica guardar el fallo y realizar un documental en el que se difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El Salado, cuya financiación estará a cargo de la Nación. Esta también deberá asumir el costo de una placa conmemorativa, así como la construcción de una obra artística que la acompañe. También realizar campañas de información en las poblaciones de El Salado y Villa del Rosario, en El Carmen de Bolívar, mediante las cuales difundan un conocimiento apropiado sobre los derechos que le asiste a la población civil frente a los riesgos remanentes del conflicto, entre otras medidas.
La demanda
El fallo obedece a una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel y otros, en representación de las familias de las víctimas de la masacre, que ocurrió en febrero del 2000 a manos de las AUC, cuyos miembros permanecieron tres días en el corregimiento sin ser detectado por los oficiales y suboficiales de la Armada y Policía Nacional asignados a esa zona, pese a que, según reposa en las pruebas, habían sido alertados sobre el inminente ataque.
