Comprar una empanada en un negocio callejero y comérsela en el andén del barrio mientras se comparte con amigos y en familia resulta ser una tradición para los colombianos al punto de convertirse en un símbolo nacional.
En los últimos días este importante producto ha sido el tema comestible del país, a raíz de la multa impuesta por la Policía a unos jóvenes bogotanos que compraban unas empanadas en un negocio que estaría ubicado en el espacio público de la ciudad capital.
Esto ha generado indignación y rechazo por miles de ciudadanos que no comprenden que este tipo de acciones se presenten en un país donde las ventas callejeras son importantes y valiosas no sólo para la gastronomía del pueblo sino para la economía de familias que subsisten de este tipo de ingresos informales.
Los negocios callejeros y la venta de empanadas han dividido al país y la polémica – un tanto jocosa – respecto a la sanción impuesta a estos comensales populares ha invadido no sólo las redes sociales con cientos de memes que le dan vida a esta sanción, sino que ha sido tema de debate hasta en el Ejecutivo.
En mi opinión, estos agentes del orden no sólo hicieron una interpretación equivocada al Código de Policía – numeral sexto del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 – sino que aplicaron irregularmente el código, cuando lo que deberían defender es un espacio público libre de mafias y no libre de personas que promueven los emprendimientos callejeros.
De igual forma, siento que nuestros policías tienen un vacío enorme en el cómo se realizan los procedimientos para aplicar el Código de Policía y las capacitaciones a los uniformados no están dejando la claridad en su implementación.
