La reforma tributaria que el miércoles radicó el Gobierno con el nombre de “Ley de Financiamiento” busca gravar con IVA del 18 ciento los productos de la canasta familiar, algo que afectará drásticamente la economía de las personas con menores ingresos y mucho más a quienes viven del rebusque y ganan entre uno o menos de un salario mínimo mensual.
El Dane ha reportado que el 61,5% de los colombianos está en ese grupo, y que solamente el 6,5% de los colombianos ganan más de 5 millones al mes.
os gremios de la producción han manifestado su desacuerdo con la medida porque son conscientes que gravar con IVA la papa, el arroz, los huevos, el pan, la panela y las carnes llevará a que el consumo de estos productos caiga y sus ventas se vean afectadas, con lo cual la producción disminuirá y por esa vía la generación de empleo formal en esos sectores. Llama la atención que el gremio de los comerciantes, Fenalco, todavía no se pronuncie, aun cuando se corre el riesgo que la temporada de compras navideña se afecte.
En Magangué
En el caso de Magangué, y teniendo en cuenta algunas estadísticas publicadas por la Cámara de Comercio en un informe sobre el desempleo en la ciudad, lo que se piensa hacer con la canasta familiar va a deteriorar el poder de comprar de los hogares de menores ingresos.
Esos hogares son de clase media, supuestamente. El mercado que este año les cuesta 350 mil pesos, en 2019 les quedará costando 413 mil, la diferencia de 63 mil pesos por el solo efecto del IVA representa entre el 8 y el 20 por ciento de los ingresos de quienes devengan el mínimo o menos. Además, hay que agregar el efecto inflacionario que esto causará en los precios, con lo cual se afectará un poco más el bolsillo de las clases populares.
La carreta
Así mismo la propuesta de devolver 51 mil pesos mensuales es una “carreta” con varios defectos. Primero, la base de datos del Sisbén que alimenta al programa “Familias en Acción” se encuentra desactualizada desde hace diez años y los subsidios que se entregan por ahí tienen baja efectividad, como lo ha señalado el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en repetidas oportunidades.
Segundo, los presuntos 51 mil pesos de compensación no cubren la afectación del IVA para quienes devengan el mínimo, porque tampoco hacen parte del programa Familias en Acción, al ser trabajadores formales, que devengan sueldo, contribuyen al sistema de seguridad social y están cubiertos por las cajas de compensación. Cualquier dinero que les entreguen desde el Estado es un subsidio a los salarios privados, por el contrario, puede terminar generando mayor informalidad laboral, porque algunos trabajadores preferirán no estar formalizados para poder recibir los 51 mil.
Tercero, el proyecto de Ley de Financiamiento no dice cómo el Estado va a financiar los 2,6 billones de pesos que calcula en devoluciones adelantadas, mientras se lleva a cabo el recaudo. Ahí se corre el riesgo de que por un lado no se recaude lo esperado y la devolución efectiva sea mayor y por el otro, presionar las finanzas públicas si el consumo de los hogares cae, ya que no hay un mecanismo para ajustar a la baja las devoluciones si la economía se desacelera. A eso hay que agregar que probablemente la evasión de IVA superara los $13 billones que actualmente calcula la Dian.
Herramienta de políticos
Devolver el IVA con un mecanismo como Familias en Acción llevará a que haya corrupción en el programa y, ahora que vienen elecciones regionales, será utilizada como una herramienta clientelar de los políticos que empezarán a prometer a la población el ingreso al programa de devolución de IVA si votan por ellos o sus combos. En resumen, es el reencauche de la mermelada, solo que atomizada. Eso sin contar las mafias de pobres inexistentes o muertos vivientes cobrando devoluciones de IVA.