En un informe entregado por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ente acusador señaló que hubo 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. Además, señaló que sus cifras más elevadas se presentaron cuando el general (r) Mario Montoya ejercía como comandante de las fuerzas militares.
Según el informe, hasta la fecha se han procesado 5.626 personas por estos hechos, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.
También advierte que los hechos se registraron en 27 departamentos, como Antioquia, Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira.
Cabe señalar que el diario El Espectador informó en exclusiva este fin de semana las siguientes cifras:
“Fue solo a partir del año 2002 cuando la judicialización del fenómeno presentó un aumento significativo, al pasar de 14 hechos investigados en 2001 a 92 en 2002. La tendencia ascendente se mantuvo entre 2002 y 2005, año en el que se presentaron 265 casos. En 2006 el número se duplicó al llegar a 470 hechos y los casos dejaron de concentrarse en los departamentos del norte del país y se distribuyeron en otras zonas. El año 2007 marcó el pico más alto con la ocurrencia de aproximadamente 733 hechos”.
En el diario, se explica que lo ocurrido se da por tres factores: «el primero relacionado con las políticas y cambios internos en las Fuerzas Militares; el segundo, con la correlación de fuerzas y alianzas entre algunos oficiales y grupos ilegales, y el tercero, la relación entre el Ejército y las comunidades locales”.
Así, El Espectador manifiesta que en el primer factor, la incidencia del Plan Colombia resultó clave para determinar el crecimiento de la tropa, que pasó de 250.000 hombres en 1998 a 380.000 en 2005.
“Asimismo, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se crearon tres nuevas divisiones: la Sexta, la Séptima y la Octava, nueve brigadas territoriales, 17 brigadas móviles con 54 batallones de contraguerrilla, siete batallones de alta montaña y 14 grupos de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Esto se tradujo en la ofensiva contra las guerrillas en la Seguridad Democrática y una presión por resultados expresados en varias directivas, al tiempo que la cruzada del paramilitarismo hizo replegar a las guerrillas, aumentaron los incentivos para los éxitos operacionales, cuyas disposiciones contenían manuales de operaciones e inteligencia que determinaban que la producción de muertes en combate era un resultado esperado y deseable, que el liderazgo de una unidad militar se demostraba a través de resultados contundentes y que el ejercicio de la iniciativa de combate debía llevar a diezmar el número de integrantes de las organizaciones armadas al margen de la ley”, expresa el diario.
Todo lo anterior derivó en la directiva 029 de 2005 del ministro de Defensa, Camilo Ospina, que estableció “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas”. Pronto, al compás de otros decretos y órdenes internas que tasaron bonificaciones, ascensos, permisos, días de descanso, beneficios navideños y viajes al exterior, las ejecuciones extrajudiciales se dispararon”.
De esta manera, se señala en el informe que para los años posteriores, desde 2009 hasta 2015, la cantidad de casos registrados se encuentra en niveles similares a los anteriores a 2001.
Así, la Fiscalía asegura que hay casi 5.000 expedientes abiertos en los que aparecen 18 generales mencionados.
En el documento aparecen 41 indígenas de las etnias kankuama, wiwa y wayuu como víctimas, así como los homicidios de 103 drogadictos que fueron presentados como guerrilleros o milicianos abatidos en combate.
