Históricamente el aborto ha sido considerado un debate de muchas décadas y el género femenino poco a poco ha venido generando una opinión de respaldo, sacando el tema de la esfera de la religión y la moral, para colocarlo en el escenario de la salud pública y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En los estrados judiciales se han generado algunos fallos trascendentales en la normatividad colombiana, que de acuerdo con sus implicaciones y antecedentes en una sociedad que en la mayoría de los casos, han sido rechazadas dichas medidas, pero que han logrado beneficiar a muchas parejas colombianas y a mujeres que han sufrido el flagelo del maltrato familiar y de las violaciones. Mientras en otros países se han tomado decisiones que van en contravía de las sanas costumbres en la familia, pero que en muchas ocasiones cuando se encuentra en riesgo grave para la vida o salud de las embarazadas, han logrado legalizar el aborto, inclusive cuando hay graves anomalías en el feto que son incompatibles con la vida.
En días anteriores, el Papa Francisco se pronunció enérgicamente sobre este tema. Fue muy enfático en afirmar que la interrupción del embarazo, lo comparó con quien contrata «un sicario para resolver un problema», durante su catequesis en una audiencia general celebrada recientemente en la plaza de San Pedro. Reflexionó sobre el quinto mandamiento: No Matarás y entonces condenó la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos. Criticó que los padres, en estos casos dramáticos, necesitan una verdadera cercanía, de verdadera solidaridad, para afrontar la realidad superando los comprensibles miedos y que, sin embargo, lo que reciben son rápidos consejos para interrumpir el embarazo. Este ha sido el enfoque que siempre ha defendido la iglesia católica.
Para las autoridades colombianas, son muy preocupantes las cifras sobre los abortos que se están presentando actualmente en Colombia de manera clandestina. Al menos 350 mil abortos ilegales, están colocando en situaciones de riesgo el bienestar y la vida de muchas mujeres que se someten a este detestable procedimiento que atentan contra la vida humana. Por este motivo, es indispensable que el Estado Colombiano asuma la responsabilidad para afrontar con objetividad esta problemática que padece la sociedad colombiana. Ha sido una discusión recurrente en todos los escenarios académicos y judiciales, para lo cual se requieren estructurar soluciones de fondo, al tenor de la autodeterminación de las personas afectadas, pero manteniendo el amparo de los derechos constitucionales que parecen desbordar la institucionalidad colombiana.
