La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción este jueves al general retirado por un caso de presión contra otro oficial.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 13 años al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, al ser determinador de una reunión para ejercer presión sobre otro oficial de la institución para que se retractara de lo consignado en un oficio donde hizo algunas afirmaciones en contra del general (r).
El Ministerio Público estableció que el general (r) Palomino López les ordenó al mayor y los coroneles que se reunieran con el oficial que radicó el documento que ponía de presente actos irregulares del general, el entonces teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, para convencerlo de que se retractara de lo dicho en el documento.
Según la Procuraduría, como contraprestación, le indicaron que sería favorecido en un proceso disciplinario en caso de que el mismo llegara a segunda instancia, pues esa decisión era competencia directa del Director General de la institución.
Para el ente de control las investigaciones demostraron que Palomino organizó reuniones por fuera de la actuación procesal, y por tanto de forma irregular, con fines contrarios a la ética que le corresponde al servidor público, “pues no son las reuniones ilegítimas donde se debaten las inquietudes de los disciplinados».
Igualmente, se estableció que una vez Gómez Bernal radicó el oficio de retractación como consecuencia de la presión ejercida por los oficiales, el general (r) Palomino optó por no declararse impedido en el proceso disciplinario y en su condición de juez disciplinario de segunda instancia falló a favor.
Según el ente de control, por esos mismos hechos, fue destituido e inhabilitado por diez años el entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Policía, mayor John Santos Quintero Landinez, y se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de diez años impuesta a los coroneles (r) Ciro Carvajal Carvajal y Flavio Mesa Castro.
Carvajal y Castro se desempeñaban como secretario General y comandante de la Policía de Cundinamarca, respectivamente, para esa época.
El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación formuló una acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra el exdirector de la Policía Nacional por el delito de tráfico de influencias de servidor público en provecho de terceros.
