Continúa la polémica por la decisión del Congreso de la República en aprobar la modificación del artículo 125 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2022, el cual solicitó la suspensión de la Ley de Garantías que regula los contratos y convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), afirmó que considera conveniente y necesario el cambio, manifestando que solo le fue modificada una de las 12 restricciones, desmintiendo así que fue “sepultada” esta ley.
“Dicha modificación no supone un retroceso a las garantías electorales con las que cuenta el país. Antes bien, esta modificación se realizó con el objetivo de promover la reactivación económica y la generación de empleo dentro de las entidades territoriales, que se vieron fuertemente afectadas durante la pandemia del COVID-19”, expresó Asocapitales.
La entidad aseguró que esta modificación contribuirá a la economía de las diferentes regiones que nuevamente se han venido reactivando, además expresó que los convenidos interadministrativos permitirán mejorar los índices de seguridad en las diferentes ciudades de Colombia.
Asocapitales manifestó que la celebración de esos convenios serán vigilados por la Contraloría General de la Nación y respecto a la contienda electoral, la ley estipuló que no podrá haber una reelección presidencial por medio del acto legislativo número dos de 2015.
“Es necesario destacar que, a diferencia de lo que consideran algunos sectores, la Ley de Garantías no busca favorecer a ningún partido político en específico. Asocapitales encuentra conveniente y necesario permitir la celebración de convenios interadministrativos entre la Nación y las entidades territoriales, para ejecutar programas y proyectos”, enfatizó Asocapitales.
En oposición a esa modificación, el representante a la Cámara José Daniel López, le envió una carta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la cual le solicitó objetar la modificación de ese artículo, argumentando que el debate donde se tomó la decisión no tuvo garantías democráticas.
López aseguró que de los 21 representantes que no estaban de acuerdo con la modificación, solamente a seis les fue permitido terminar su intervención, los otros 15 fueron interrumpidos por la mesa directiva de la corporación.
“Era el punto más álgido del proyecto de ley y terminó siendo evacuado en 45 minutos. Y para completar, durante la votación del artículo uno de mis colegas (el representante Anatolio Hernández), fue inducido a votar Sí por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias”, expresó el representante López en la carta.
