En solo una hora, las talanqueras se levantan hasta 35 veces por la insistencia de los conductores, que tras los hallazgos de la Contraloría, se niegan a seguir pagando.
“Pagan uno o dos, y luego pasan veinte sin pagar”. Así se refiere un trabajador de la Concesión Vial a lo que se ha vuelto una constante en los peajes internos de Cartagena. Esto desde que la Contraloría General de la República emitió su polémico informe en el que dijo que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes se había cumplido en 2015 y que por ende el cobro se venía haciendo de manera irregular desde hace cinco años.
Desde aquel 21 de enero, día en que se emitió el comunicado, la indignación se apoderó de los cartageneros, que hasta el día de hoy se niegan a seguir pagando peajes. Para ello, muchos conductores desde metros antes de llegar a la caseta de cobro se ponen a tocar la bocina de sus vehículos con el fin de que levanten las talanqueras y les dejen pasar gratis. Así, esperan a que más vehículos les sigan la corriente y se forme una fila los suficientemente larga como para que el operador les deje pasar.
En una visita al peaje de Manga, El Universal constató que en un período de una hora, las talanqueras se levantan hasta 35 veces por este fenómeno, es decir, cada dos minutos. “Y por las tardes es peor”, comenta otro trabajador, que advierte que la situación también se repite en el peaje de Ceballos y en el peaje La Heroica, aunque en este último con menos frecuencia.
Si en una hora, las talanqueras se levantan 35 veces; en un período de doce horas, son 420 oportunidades en las que cientos de vehículos, tan solo en el peaje de Manga, cruzan sin pagar.
Por si fuera poco, incluso algunos conductores de carros particulares, camiones, taxis y hasta sparrings de busetas, se bajan de sus vehículos y suben las talanqueras ellos mismos con el fin de pasar sin pagar un solo peso. Otros conductores de taxis o automóviles pequeños también cruzan por el carril de las motos, sin importar que no esté permitido.
Este tipo de conductas, así como las protestas que se han desatado en contra de los peajes obedecen también a que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión de fondo que permita esclarecer la situación real de los peajes, ya que tampoco existe un fallo o decisión judicial que determine cuál será el futuro de estas estructuras en la ciudad tras lo expuesto por la Contraloría.
¿En qué va la investigación?
Tras la notificación a los 39 vinculados al proceso, dentro del que se encuentran siete exalcaldes, varios exdirectores de Valorización, exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) y los particulares que hacen parte de la Concesión Vial, la Contraloría procedió a recibir las versiones libres de los implicados y a verificar el costo de las obras y la operación de la Concesión, los cuales fueron cuestionados por el ente de control tras hallar un presunto detrimento patrimonial de $300 mil millones en el recaudo de los peajes.
La Contraloría también requirió a la Unidad de Cooperación Internacional del órgano de control consultar bases de datos e información relacionada con bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos automotores y otros bienes de los presuntos responsables fiscales. Sin embargo aún no hay decisiones definitivas.
Las acciones
A pesar de todo, desde diferentes sectores se han emprendido acciones con el fin de solicitar la suspensión del cobro de los peajes. La primera de ellas fue liderada por el alcalde William Dau quien remitió un oficio a la Concesión realizando la solicitud, pero tal petición fue rechazada. René Osorio, gerente de la Concesión Vial sostuvo que su contrato sigue vigente y que incluso la Tasa Interna de Retorno pactada no se ha cumplido, contradiciendo los hallazgos de la Contraloría.
También, el concejal Javier Julio Bejarano elevó una misiva a la Procuraduría para que tomara cartas en el asunto. Tras ello el ente control a través de un comunicado requirió al alcalde sobre el estado financiero y jurídico del contrato de concesión, solicitó al contralor General conocer los hallazgos que tengan alcance disciplinario, y al secretario del Interior del Distrito, disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad en medio de las protestas desatadas a raíz de la polémica.
El mismo concejal en compañía de otros activistas antipeajes como Nilson Torres, Óscar Bonilla y Fidian García también presentó una tutela que ya fue admitida para solicitar la suspensión del cobro. Recientemente también se conoció que el abogado constitucionalista Óscar Borja presentó una acción popular con la misma intención, la cual quedó en manos del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena.
Por ahora los cartageneros continúan convocando protestas con el fin de que pronto se liquide el contrato de los peajes.
