Al transitar por las vías interdepartamentales de Bolívar, en poblaciones como San Jacinto y El Carmen de Bolívar, un paisaje disruptivo se levanta en el horizonte: una hilera de montañas colonizando las nubes. Una naturaleza incólume en medio de un territorio que se discuten el mar y la sabana: la región Caribe. Sin embargo, ese verdor por muchos años fue pintado con el rojo de la sangre, debido a la violencia.
Poblaciones pujantes que muchas veces quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla, las Autodefensas, las bandas criminales y las fuerzas armadas estatales. Por consiguiente, 22 años después de la tristemente célebre masacre de El Salado, la Misión de Observación Electoral (MOE) prendió las alarmas por los niveles de riesgo electoral y de seguridad en las territorios en donde se votará para escoger a los 16 representantes a la Cámara por Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), curules creadas con el Acuerdo de Paz de La Habana para augurar la participación política de personas afectadas por la guerra.
Sectores rurales
De acuerdo con el reporte de la MOE, las 16 zonas en donde se hará la votación por estas curules recogen a los sectores rurales de los 167 municipios más afectados por la violencia en Colombia, en donde se presentaron en total 403 candidatos provenientes de organizaciones sociales, de víctimas, campesinas y mujeres, y de organizaciones étnicas para los 16 escaños en la Cámara.
Según explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios, “estas elecciones representan el esfuerzo más importante de inclusión política y electoral a nivel poblacional y territorial desde la Constitución de 1991”.
De los 167 municipios que conforman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio. Es decir, el 58,1% de los municipios (97 de 167) tiene algún nivel de riesgo electoral por la presencia y acciones de grupos armados ilegales. Un tema preocupante ad portas de la jornada electoral del 13 de marzo.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló: “La presencia y acciones de los grupos armados ilegales en dichas zonas tiene un impacto sobre el proceso electoral, y de no adoptarse las medidas necesarias la jornada electoral del 13 de marzo podría verse gravemente afectada. Un ejemplo de ello es Arauca, departamento que en las últimas dos semanas ha sido víctima de acciones armadas del Eln y Disidencias de las Farc”.
Frente al riesgo electoral, la MOE considera que es preocupante la posibilidad de que se presente algún delito electoral en 94 de los 167 municipios, lo que representa el 56,3% de los municipios de las CTEP. La circunscripción con más riesgo es Bajo Cauca, con todos sus 13 municipios en riesgo (3 en riesgo extremo, 3 en riesgo alto y 7 en riesgo medio); seguido de los Montes de María, con un 80% de sus municipios en riesgo (12 de 15: 7 en riesgo extremo, 3 en riesgo alto y 2 en riesgo medio); Chocó, con el 71,4% (10 de 14 municipios en riesgo: 2 en riesgo alto y 8 en riesgo medio).
Bolívar, en riesgo
El politólogo Orlando Higuera, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar y ex coordinador de la MOE Bolívar, señaló: “Los riesgos electorales en el departamento se relacionan con diversos elementos desde el punto de vista histórico. Los riesgos por violencia política están relacionados con amenazas, asesinatos y atentados de aquellos que se combaten el control del territorio”.
En Bolívar, como en otras regiones del Caribe colombiano, según analistas, el poder criminal tiene un amor tóxico con la política, en la que ven un espacio para legalizar dineros ilícitos a través de la contratación pública o de fomentar sus imperios a través del apoyo a candidaturas exitosas que no alteren el control de sus patios ilegales.
Por ello, indica Higuera, “en Bolívar hay altos riesgos relacionados con fraude electoral que se estudian con base en la participación electoral, tarjetones no marcados, votos nulos, entre otros”.
La MOE recomendó a las autoridades electorales, a la Procuraduría, Fiscalía y a la Policía adoptar las medidas necesarias para prevenir e investigar oportunamente acciones indicativas de delitos o irregularidades contra el proceso electoral, como la trashumancia electoral o compra de votos.
También pidieron al Ministerio del Interior y a las autoridades locales convocar Comisiones de Seguimiento Electoral específicas para las CTEP, con participación de los candidatos o sus representantes, con el fin de atender de manera preventiva las situaciones de estos municipios y adoptar de manera conjunta medidas de prevención o mitigación de los riesgos.
“Es urgente que las entidades del orden departamental se reúnan en un comité de seguimiento electoral y que se desarrollen acciones de acompañamiento, en especial aquellas relacionadas con alertas tempranas que ponen en riesgo la integridad y la libertad de los electores al momento de depositar sus votos. La información de la MOE permite a las autoridades focalizar las acciones de acompañamiento preferente en los municipios donde hay riesgos. También es necesario inmiscuir a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones de base y comunitarias en los territorios”, expresó Higuera.
