Primero fue la firma calificadora de riesgo S & P Ratings la que rebajó la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses. La reciente caída en los precios del petróleo, junto con el impacto global negativo más amplio de COVID-19, ha debilitado el perfil externo de Colombia a través de menores ganancias de exportación y un déficit de cuenta corriente más amplio y ha aumentado las preocupaciones sobre sus perspectivas de crecimiento económico”.
Como lo advertimos después de conocer la decisión de S & P, Colombia está a un escalón de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación. Registramos con preocupación el hecho que la calificadora Fitch, una de las 4 más grandes del mundo, le rebaje la nota de BBB, alcanzada con mucho esfuerzo en abril de 2013, a BBB- con perspectiva negativa, al igual que S & P. Argumenta Fitch que «la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus».
Agregan, además, que para tomar la decisión tuvieron en cuenta varios aspectos, uno de ellos «un aumento en la carga de la deuda en los últimos años y una caída esperada en los ingresos fiscales, lo que ha dejado al gobierno con menos espacio fiscal para contrarrestar los choques económicos». Así mismo, señala “un debilitamiento de la credibilidad en las políticas fiscales de mediano plazo”, aspectos estos sobre lo cuales hemos venido llamando la atención reiterada e insistentemente.
Cabe preguntarse qué consecuencias se siguen para Colombia con esta rebaja de la calificación de su deuda soberana. Es bien sabido que la caída del rating soberano de la deuda pública tiene como primer efecto la dificultad para colocar sus bonos de deuda y el encarecimiento de esta al tener que pagar más altos intereses para hacerlos atractivos a los inversionistas extranjeros, muchos de los cuales, entre ellos los fondos de renta fija, se abstienen de invertir en aquellos países cuya calificación de su deuda está por debajo de BBB. Su efecto psicológico se extiende al sector privado, que también verá encarecido su endeudamiento, amén del impacto que tendrá en la inversión externa de portafolio.
Esta revisión de la calificación por parte de las calificadoras de riesgo le inflige un duro golpe al país y se da en un momento excepcional, inédito para el país, por ello coincido con el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, quien expresó que «las calificadoras se están precipitando. Deberían dar un compás de espera a ver cómo se estructura todo el paquete de respuesta a COVID-19» antes de dar su dictamen. Aunque deplora la decisión tomada por S & P, el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo tampoco la comparte, toda vez que “los efectos de los choques del petróleo y el COVID – 19 deben ser vistos como transitorios”. En ello coincide con el Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, quien agrega que no lo sorprendió “dado que ya estaba anticipado por buena parte del mercado” y, por ello, considera que a corto plazo no va a afectar el spread de la deuda colocada por la Nación.
Así no se comparta la decisión que han tomado estas dos firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana de la Nación, el hecho cierto es que han dejado al país a un solo paso del “grado de no inversión, especulativo”, que es el eufemismo para significar que los bonos de deuda que emita el país objeto de esta descalificación son considerados “bonos basura”. Dicho de otra manera, el país pasaría de ser buena paga a desconfiar de su capacidad de honrar sus compromisos de deuda.
Aunque diga lo contrario el Director de Crédito público del Ministerio de Hacienda César Arias, para quien “es un momento precipitado para preocuparse por perder el grado de inversión”, ello no es irrelevante, este es un duro revés para la política fiscal y le resta margen de maniobra en momentos en los que las finanzas públicas están siendo más exigidas y en su mayor grado de stress a consecuencia del efecto combinado de la pandemia y la caída de los precios internacionales del petróleo.
Recordemos que la última vez que Colombia perdió la calificación inversionista fue en 1999, año en que la economía entró en recesión y 21 años después estamos ad portas de una nueva recesión y ojalá no de la pérdida de la calificación inversionista.
