Cientos de galleros se trasladaron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá para protestar en contra del proyecto de ley que contempla la prohibición de las prácticas de entretenimiento cruel con animales, argumentando que decenas de familias se varían afectadas, debido a que subsistían de esta “tradición”.
La iniciativa generó el apoyo de ambientalistas y el rechazo de los ciudadanos que subsiten de las riñas de gallos, corridas de toros y corralejas que se realizan en todo el territorio nacional, las cuales habían quedado por fuera de las prácticas prohibidas en la ley 84 de 1989, con la que se creó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Frente a la protesta de los galleros y a la solicitud de algunos congresistas de iniciar un debate frente a este proyecto de ley, con el que piden que no se prohíba, sino que se regulen estas prácticas.
“Esta es una actividad de extrema crueldad, que además está por fuera de toda regulación, debido a que no tributan, no pagan impuestos, no generan empleos, en el sentido estricto. Las apuestas que hacen son ilegales. Lo que le estamos proponiendo al Congreso es avanzar en la prohibición progresiva, y en el entretanto definir una líneas de fomento y de alternativa económica”, indicó una congresista del Partido Verde.
En ese sentido, Padilla explicó que la riña, en la que se busca la muerte de uno de los animales dentro de la gallera, está antecedida por intervenciones a los animales que “reducían sus capacidades físicas”, dentro de las que se destacan la mutilación de la cresta, la barbilla y los espolones naturales, así como de su desplume.
Críticas a la falta de espacios para el debate
Con relación a las críticas y los señalamientos de algunos galleros frente a la supuesta ausencia en reuniones y a su poca disposición de diálogo con estos sectores que se benefician económicamente de estas actividades, la legisladora animalista aseguró que ha participado de varias reuniones, como el caso de una audiencia pública que fue convocada por la Comisión Quinta y audiencias en 23 municipios, en las que ha escuchado las quejas e inquietudes frente a este proyecto.
“Sobre el número de personas que viven de esta actividad es un tema de enorme especulación. Aquí le preguntamos al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y nos dice que ellos no reconocen a este, como un sector formal de la economía. Hacienda nos dice que no tienen registro de nada de tributos o impuestos, Comercio no lo reconoce, Trabajo, tampoco”, explicó la congresista.
A su vez, aclaró que el sector de las peleas de gallos no estaba regulado, razón por la cual, indicó que el proyecto busca dar tres años de transición para los sectores que viven de estas actividades, con el propósito de reconocer el número de personas que subsisten y buscar alternativas económicas.
En el caso del cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que establece la “eliminación del uso de instrumentos punzocortantes, y las prohibiciones de matar a los animales”, la congresista de la Alianza Verde indicó que este proyecto está en línea debido a que busca desincentivar estas actividades de entretenimiento en las que se evidencia crueldad animal.
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