Los países que conforman el Grupo de Lima, reunidos el día anterior en Bogotá con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, emitieron una declaración conjunta de 18 puntos, tendiente a buscar una salida a la crisis de Venezuela. Además, emplazaron a los organismos de hacer valer los derechos humanos, que han sido afectados por las atrocidades que viene cometiendo el Dictador esquizofrénico de Nicolás Maduro Moro, contra la sociedad venezolana. En dicho contenido aprobado por unanimidad, condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo que, sin considerar el sufrimiento de la población, ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.
Es inhumano y cruel la actitud de este desequilibrado mental que, junto con sus secuaces, festejaron bailando en el Palacio de Miraflores, la quema de los camiones cargados de alimentos y medicinas, que intentaban entrar por la frontera con Colombia. Todos conocemos a través de los medios de comunicación, las imágenes de la masiva movilización por estas vías fronterizas y de la frustrada entrada de alimentos y medicinas. Es indispensable satisfacer la gran demanda de bienes que necesitan con urgencia la sociedad del hermano país, que padece hambrunas y de la falta de medicamentos para atender a las personas que se encuentran enfermas en los centros hospitalarios.
Un aspecto para destacar en esta declaración es la solicitud a la Corte Penal Internacional para tome en cuenta la grave situación en Venezuela, entre otros, por el bloqueo internacional para los civiles. Igualmente, la exigencia directa a las Naciones Unidas y a su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para impulsar la designación de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. Lo que sí es claro es que se mantendrá la línea de estrechar el cerco diplomático. Además, ha tomado más fuerza, la postura de Washington, y que sus funcionarios han resumido en la cada vez más recurrente y no menos inquietante frase de: “todas las opciones están sobre la mesa”.
