La cúpula del Eln ha reconocido que esa organización subversiva fue la responsable del horrendo crimen perpetrado el jueves 17 de enero en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá. El acto terrorista, que no de guerra, arrojó el conocido y doloroso saldo de veinte jóvenes asesinados y más de sesenta heridos.
¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Acaso curtidos y bien apertrechados soldados a los cuales se enfrentaba en franco combate alguna columna de la organización guerrillera? No. El edificio atacado por sorpresa es una casa de estudios, no un cuartel militar. Y las víctimas, un grupo de jóvenes indefensos, desarmados y desprevenidos, que acudían a un acto académico -una ceremonia de grado-. Y el agresor, según la Fiscalía, era un guerrillero experto en el manejo de explosivos, que había preparado de tiempo atrás el acto criminal y que penetró abruptamente en la Escuela de Cadetes con el deliberado propósito de causar el mayor daño posible. Allí no hubo la más mínima posibilidad de defensa por parte de las víctimas, que -inermes y tomadas por sorpresa- fueron alcanzadas por la mortífera explosión del carro bomba cargado con al menos 80 kilos de pentolita.
El pueblo colombiano, en marchas llevadas a cabo en varias ciudades, se pronunció el domingo 20 de enero, sin convocatoria de origen partidista -espontáneamente-, y envió un mensaje contundente y claro: un rechazo general y terminante a toda forma de terrorismo, de crimen, de violencia, de vulneración de los Derechos Humanos, venga de donde viniere.
El Presidente de la República, Dr. Iván Duque -a quien todos debemos respaldar, así como a la Fuerza Pública, en la difícil situación que enfrenta el país- , ha resuelto poner fin a todo proceso de diálogo con el Eln -autor de éste y otros crímenes recientes- y levantar la suspensión de las órdenes de captura de los delegados de esa guerrilla en La Habana.
En primer lugar, el acto criminal del que se trata no puede verse como un evento propio de la guerra, porque va contra los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario. No es sino un cobarde acto de terrorismo cometido a mansalva, con premeditación, respecto al cual no puede haber impunidad, ni cabe diálogo de paz, pues el Estado no se puede comprometer a dejar impune un crimen de semejantes dimensiones. Es, sin duda, un crimen de lesa humanidad.
En segundo lugar, el Gobierno del presidente Duque no podía hacer nada distinto de lo que hizo: levantar la mesa de diálogo que se reunía en La Habana, tras el retiro de la sede en Quito por decisión del nuevo gobierno ecuatoriano.
Obviamente, la plena terminación de los diálogos implica que la presencia en Cuba de los delegados guerrilleros ya no tiene razón de ser. Y contra ellos hay órdenes de captura.
Al Gobierno colombiano le asiste toda la razón y está amparado por el Derecho: no se puede dialogar con una organización terrorista que quiere dialogar cometiendo simultáneamente crímenes de lesa humanidad, presionando al Estado mediante actos terroristas, y que, por tanto, ha demostrado hasta la saciedad no tener ninguna voluntad de paz.