*En manos de la Fiscalía reposa denuncia de una serie de hechos que demostrarían corrupción mediante la modalidad de contratación sin lleno de requisitos *Por lo menos 10 empresas sin capacidad de ejecución, fueron beneficiadas con el “carrusel” de la Contratación de la ESE *Un solo contratista recibió cuatro contratos por más de 190 millones de pesos, teniendo un capital de solo 20 millones en su constitución ante la Cámara de Comercio *Una empresa que realiza obras civiles, está contratada para el suministro de personal de la salud.
Por: UIMH
Un escándalo de proporciones mayúsculas que dejaría muy mal parado al interventor designado por parte de la Supersalud en la ESE Río de la Magdalena, HUGO VASQUEZ CRUZ, quien de acuerdo con denuncia instaurada -y ya en trámite- en la Fiscalía General de la Nación de Magangué, habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación desde su cargo como agente interventor de la ESE.
Hugo Vásquez Cruz, Interventor
De acuerdo con el denunciante JOSÉ DE LAS MERCEDES PIÑEREZ HERNÁNDEZ, desde la llegada y posesión en el cargo de Vásquez Cruz, inició una serie de acciones en detrimento del buen funcionamiento y transparencia de los recursos de la salud que maneja la ESE Rio de la Magdalena como la terminar o no prorrogar las contrataciones que había realizado el interventor anterior, sin tener en cuenta si los contratistas habían cumplido cabalmente los objetos contractuales de cada uno de los contratos.
Así mismo –establece la denuncia- el nuevo interventor dio inicio a una nueva contratación, contratación cuya legalidad se encuentra en duda y la cual deberá ser verificada en su legalidad por parte del ente judicial de investigación.
Para el denunciante, por lo menos diez empresas se habrían beneficiado de esta contratación a “dedo” realizada por el agente interventor.
El denunciante, Piñeres Hernández, como pruebas de lo expuesto en su denuncia señala el contrato hecho con la empresa Inverlih S.A.S. para la adquisición de elementos de protección para el personal de la sede administrativa y los Centros de Salud de la ESE que operan en el municipio de Magangué.
Para el denunciante, resulta sospechosos primeramente que está empresa creada en julio del 2020 la dirección de su domicilio no existe y que su representante legal Libardo José Ibarra, acumule la gran mayoría de la contratación con la ESE. Señala que al revisar las cuentas de cobro presentadas por el contratista se evidencia sobrecostos en los productos entregados.
De igual manera al revisar la contratación queda claro que no se cumplió con los parámetros establecidos por la norma, pues no se evidenció el lleno de los requisitos para contratar, tales como ofertas perdedoras, estudio de mercado, análisis de precios unitarios, empresa sin lleno de los requisitos del manual interno de contratación.
Así mismo se evidencia que los supervisores del contrato son de orden de prestación de servicios “OPS”, algo que no es permitido por la Ley. De igual manera no se evidenció si realmente lo contratado se entregó.
La denuncia reseña el contrato realizado entre la ESE y la Constructora JJA con la cual se contrató el suministro de instalación y adecuación de rejas metálicas para la seguridad de los centros de salud, contrato que según el denunciante fue por valor de 50 millones de pesos cuando la empresa tiene suscrito ante la Cámara de Comercio un capital de solo 10 millones y como en el contrato anterior no se evidencia que se hubiese cumplido con los parámetros de Ley, que lo contratado hubiese sido entregado y la dirección que aporta el contratante funciona es un supermercado en la ciudad de Cartagena aportando evidencia de esto.
Pero los “supuestos” hechos de corrupción denunciados, llegan a la cima –según el denunciante- al analizar un contrato realizado con la empresa HBL Infraestructura Integral, empresa cuyo objeto social es la de la construcción de obras civiles pero que la ESE Río Grande de la Magdalena la contrato para que le suministrara personal asistencial de servicios de salud de manera extra mural.
De este contratista no se conoce su lugar de ubicación pues la dirección presentada no existe y al igual que en los anteriores contratos, tampoco se cumplió con los requisitos establecidos por la Ley.
Otro contrato “leonino” es el firmado con Servicios generales la Candelaria, con quien se contrató los servicios de prestación de Internet para los 12 puestos de salud de la ESE, siendo curioso que la actividad comercial de esta es la prestación del servicio de recepción, aseo, lavandería, cocina, jardinería, y mensajería y se ve en el documento de creación que reposa en la Cámara de Comercio que este habilitada para prestar el servicio de carrier de internet y queda en evidencia que entre el contrato del 2019 y el 2020 por este servicio, hubo un incremento del 100% en el contrato.
Así mismo el denunciante pide al ente investigador, se verifique la legalidad, transparencia y ejecución de otros contratos firmados por el interventor Vázquez Cruz, como el realizado para la compra de combustible, aceite y lavado de carros con el contratista Gasolinera Fluvial la Unión.
Señala el denunciante que existe un contrato con la empresa Eagle para la prestación del servicio de seguridad, en donde se le paga por cada vigilante la suma de 5 millones mensuales, cifra considerada como exagerada y que al parecer fue adjudicado a dedo.
De igual manera Piñeres denuncia las irregularidades en el contrato para la recolección de residuos hospitalarios, que de acuerdo con la norma se paga es por peso, pero que en este contrato se pagó la suma fija de 5 millones de pesos mensuales.
Este medio intentó comunicarse con el doctor Hugo Vásquez, para que hablara sobre este tema pero no fue posible. Se espera que en los próximos días lo haga.
La comunidad de Magangué, usuaria de primera línea de la ESE, ha rechazado todos estos hechos y dan veracidad de ellos pues han visto como desde hace varios meses, el servicio de salud que debe prestar la ESE ha desmejorado de manera sustancial en detrimento de la salud y el bienestar de las clases menos favorecidas que son usuarios permanentes.
Todos estos hechos podrían estar demostrando que se montó una empresa criminal para despilfarrar y apropiarse de los recursos de la salud de los magangueleños, que son manejados por la ESE Río Grande de la Magdalena.
Además de las investigaciones que ya viene adelantando la Fiscalía seccional Magangué, se conoció que una comisión de la Contraloría, adelantará también la revisión de esta contratación y se espera un pronunciamiento en los próximos días.
¿Qué pensara de todo esto el Ministro de Salud y el Súper Intendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal Angel, sobre quien recae la designación de los interventores?.
