El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido un fallo histórico, ordenando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementar medidas urgentes para controlar la creciente sobrepoblación de hipopótamos en la región del Magdalena Medio.
La decisión se tomó debido a la constatación de que los derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico están siendo gravemente vulnerados por la presencia de estos animales. El Tribunal subrayó la necesidad de acciones inmediatas, destacando que el Ministerio debe expedir una regulación que contemple medidas como la caza controlada y la esterilización de la especie.
Impacto en el Ecosistema
El fallo también señala a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), entre otros organismos, por la presunta omisión en la adopción de acciones efectivas para controlar la sobrepoblación de hipopótamos en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, y sus alrededores. Según la sentencia, las autoridades han fallado en contener y monitorear la situación, a pesar de conocer los riesgos ambientales.
Medidas Propuestas: Esterilización y Reubicación
El Tribunal determinó que la esterilización de los hipopótamos es la medida más adecuada para frenar su crecimiento exponencial. Sin embargo, también ordenó la reubicación de los animales, argumentando que el control poblacional debe ir acompañado de la protección de las especies nativas y la prevención de impactos negativos en los cuerpos de agua y el suelo.
Alternativa de Caza Controlada
El Tribunal también consideró la caza controlada como una opción válida, bajo la premisa de que no se trata de una medida arbitraria ni cruel, sino una necesaria para evitar consecuencias adversas e irreparables, como posibles encuentros peligrosos entre los hipopótamos y los habitantes de la región. Además, se destacó que esta medida podría prevenir cazas ilegales que podrían resultar en tratos crueles hacia los animales, aumentando su agresividad.
Este fallo marca un precedente importante en la gestión de especies invasoras en Colombia y pone de relieve la necesidad de equilibrar la protección de la fauna con la preservación del ecosistema y la seguridad de las comunidades locales.