El respeto por las autoridades se ha venido perdiendo en las marchas, como ocurrió el pasado 21 de enero cuando se registraron ataques de encapuchados a los agentes de policía.
Buenas intenciones tiene la alcaldesa de Bogotá al establecer un protocolo para atender los episodios de violencia, sin embargo, los primeros casos en los que se puso a prueba el protocolo, terminaron con la intervención del Esmad, que es el último recurso establecido para salvaguardar la seguridad.
Reiteradamente se dice que los encapuchados que atacan a la policía durante las marchas hacen parte de grupos que buscan generar caos, el problema es que hasta el momento las investigaciones no han logrado establecer quién o quiénes están detrás de esos actos vandálicos.
Es incomprensible que los líderes del paro, que se atribuyen los logros de la protesta y la capacidad de convocatoria, se escondan al momento de tener que hacer un llamado para que la jornada se desarrolle de manera pacífica, para controlar los desmanes o asumir responsabilidades por los daños que dejan las movilizaciones. Todas las propuestas que tengan como propósito buscar la coexistencia pacífica y el respeto por los derechos humanos son bienvenidas, pero en el caso del protocolo para atención de las marchas primero habrá que hacer una campaña fuerte de educación en convivencia ciudadana, acompañada del control de los organismos de seguridad con el desmantelamiento de las bandas dedicadas a perturbar el orden.
No puede haber tolerancia con los atentados en contra de la Fuerza Pública. Tal como se levantan las voces para rechazar los abusos por parte de las autoridades, también hay que condenar las agresiones a la policía.
