La Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho a priorizar, en conjunto con las autoridades judiciales competentes, los casos donde pueda aplicar la legislación penal ordinaria para hacer efectivos los derechos y beneficios de excarcelación de las personas privadas de la libertad, con el propósito de prevenir y mitigar la propagación del covid-19 en la población carcelaria.
En comunicación a la ministra Margarita Cabello el ente de control precisó que de acuerdo con información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-, actualmente permanecen bajo el régimen carcelario 1.565 personas, pese a haber cumplido la pena impuesta; 13.742 ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia, 846 sufren una enfermedad catastrófica, 13.465 fueron sindicados de delitos hace más de un año y 72 están pendientes del brazalete electrónico.
El Ministerio Público precisó que para los casos de personas con enfermedades catastróficas es necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos que determinen sus condiciones de salud, en caso de no contar con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de Seguridad Social.
El órgano de control, a través de las procuradurías judiciales penales, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, constituirá comités de trabajo para identificar los casos donde se puedan hacer efectivos esos derechos y realizar las solicitudes respectivas.
La Procuraduría requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec- y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 información sobre la ruta de intervención y el cronograma establecido para la toma de muestras de covid-19 en los establecimientos carcelarios del país, con prioridad en aquellos donde se han presentado brotes del virus como Villavicencio, Guaduas, Florencia, y La Picota, en Bogotá.
