La Procuraduría advirtió este martes en un comunicado que 24 alcaldías de 13 departamentos del país, entre las que se encuentran en el Caribe San Juan Nepomuceno, Bolívar; Tenerife, Magdalena y Puerto Libertador, Córdoba, que, presuntamente, no utilizaron en sus procesos de contratación los documentos tipo, estando obligadas a hacerlo.
Estos contratos, que sumados superan los $697 millones, tienen como objeto construir obras de infraestructura de transporte, o de acueducto y alcantarillado, advirtió el ente de control.
Por ello, hizo un llamado «a los mandatarios territoriales a utilizar y aplicar en su integralidad los documentos tipo conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente, recordándoles que su inaplicación puede implicar presuntas faltas disciplinarias».
El Ministerio Público anunció que continuará con la vigilancia a los procesos de contratación que deban utilizar estos documentos, en especial cuando las entidades intenten evitar su obligatoriedad.
Miembros de sindicato de la Procuraduría piden a Petro ser escuchados
Desde noviembre de 2021, el ente de control disciplinario había advertido que algunos departamentos y municipios del país recurren a los convenios interadministrativos con empresas que cuentan con regímenes excepcionales de contratación, para evadir el uso de los pliegos tipo.
Esto en medio de la vigilancia preventiva efectuada por la Procuraduría a esta herramienta adoptada por el Estado colombiano para combatir la corrupción en los procesos de contratación de obras públicas de infraestructura de transporte.
Los hallazgos mostraron entonces que existía una mala práctica por medio de la cual ciertos departamentos y municipios creaban o utilizaban Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) o de Sociedades de Economía Mixta (SEM), con regímenes excepcionales de contratación, para que fueran estas quienes contrataran y ejecutaran las obras públicas de infraestructura de transporte sin utilizar los documentos tipo.
Miembros de sindicato de la Procuraduría piden a Petro ser escuchados
Esta preocupación también fue compartida por la Cámara de Colombiana de la Infraestructura (CCI), que expuso los retos actuales en la implementación de los documentos tipo y solicitó al Ministerio Público acciones para prevenir que los requisitos habilitantes o criterios de evaluación fuesen modificados, que las ofertas fuesen evaluadas bajo parámetros subjetivos y que se siguiera obviando la obligatoriedad de este instrumento.
Por ello, la Procuraduría estableció una serie de alertas tempranas para que se continuara en la implementación de los documentos tipo y se garantizara que este mecanismo siga siendo una herramienta válida y eficaz para luchar contra la corrupción.
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