La señora Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin pasar por el país ni esperar las respuestas del Gobierno a su cuestionario; es decir, a control remoto, desde Suiza y, seguramente, por información de prensa o –me atrevo a suponer– por el lobby de la izquierda internacional o las denuncias de HRW del señor Vivanco, decidió hacer graves acusaciones al gobierno colombiano, que no dudo en calificar de ultraje injustificado a la dignidad nacional.
Son inauditas y malintencionadas sus afirmaciones y advertencias: «Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP…”, acusación gravísima, pues instar a “dejar de hacerlo” implica la certeza de que, efectivamente, lo está haciendo; certeza que, en principio, debería ser probada antes de difundirla al mundo con el sello de la ONU.
A renglón seguido, sin averiguar por los esfuerzos del Gobierno para proteger a los excombatientes, no se conforma con instar también al Gobierno “a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida», sino que lo acusa de «aparente desprecio de estas garantías”. Las palabras tienen su propia fuerza y encarnan responsabilidades. Acusar al Gobierno de “incitar a la violencia” y “despreciar” la garantía del derecho a la vida, es tildar a Colombia de dictadura miserable y al presidente Duque de sátrapa al estilo del vecindario.
Para rematar, la relatora reclama con arrogancia que “El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz». No tiene idea de lo que se firmó; no sabe que la voluntad popular no aprobó lo firmado ni que Santos asaltó la democracia; no tiene idea de que, a pesar de ello, el presidente Duque se comprometió a respetar las garantías a los excombatientes y a cumplir el Acuerdo en cuanto sea posible.
Porque tampoco sabe que el Acuerdo fue un cheque en blanco de Santos, imposible frente a las posibilidades presupuestales, pero que sirvió para el Nobel, por supuesto, y para garantizar impunidad a delitos atroces como el reclutamiento y delitos sexuales contra menores, y para el delito mafioso del narcotráfico, incluido el mayor lavado de activos de nuestra historia.
Ante semejante insulto al país, investigué sobre estos expertos en la página oficial del Consejo. Resulta que “forman parte de los Procedimientos Especiales (…) mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo…”; y lo más sorprendente: “…trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual”.
Así que los tales expertos son independientes y apóstoles gratuitos en sus temas, como las “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. Se me antojan como una especie de cazadores internacionales de brujas, que ni siquiera pertenecen a la ONU y además, “actúan a título individual”; y así, a título individual, decidieron acusar sumariamente –ellos sí– a nuestro país.
Es indignante que la ONU, que conoce los programas y esfuerzos del Gobierno, porque sigue acompañando el proceso de implementación, y no gratis, como sus expertos, sino con jugosos contratos que sumaron, entre 2016 y 2018, más de 435 mil millones de pesos, para una costosa burocracia internacional, un verdadero “jet set diplomático” pagado con nuestros impuestos, permita y respalde tan insultantes e infundadas afirmaciones.
Por muy ONU que sea, y por independientes que sean sus expertos, se impone una rectificación y una pública disculpa a Colombia.
