Al fin se aprobó por el Congreso la Jurisdicción Especial de Paz, con modificaciones que no satisfacen a su destinataria, la guerrilla de las Farc, pero en lo esencial, quedo lista una aparatosa y costosa jurisdicción con más de cincuenta Magistrados, que podrá durar hasta veinte años, para adelantar escasamente quinientos procesos.
Tenemos por tanto en Colombia, un sistema judicial excepcional, con todos los fierros, para juzgar a la guerrilla; pero nuestro sistema ordinario de justicia, para los cincuenta millones de colombianos que lo requieren, hace agua de hace rato y ya está a punto de naufragar. Noticia de vieja data, sin embargo no le llega la solución y no aparece una voluntad de Estado clara para emprender las reformas que se precisan. Si se le pusiera el entusiasmo y el compromiso con que se abordó la reglamentación de la JEP, así fuera en un diez por ciento, seguro se obtendrían los resultados que no hemos podido ver en los últimos años.
Ahora, más que nunca es necesaria la reforma, porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso del pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, sino mediante una justicia sólida, autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo.
Con las circunstancias de los últimos tiempos, donde la corrupción generalizada que invade al país, se viene asomando incluso en miembros o ex miembros de las Altas Cortes, se torna necesario volver a la reflexión sobre una necesidad inaplazable de realizar una reforma integral a la justicia que va mas allá de señalar lánguidamente que es un problema ético o del componente humano. Los cimientos de la rama judicial están mal planteados desde la Constitución de 1991. Los fundamentos de la propuesta radican en la necesidad de dar respuesta efectiva a toda la problemática que aqueja a la justicia, mediante una reforma normativa de la Rama Judicial, acompañada de recomendaciones puntuales, que faciliten la adopción de medidas urgentes y ordinarias que solucionen en breve tiempo y generen las condiciones idóneas para el adecuado desarrollo de la rama, especialmente necesario dentro del proceso de pacificación y globalización en el que está inmerso el país, ahora aunado con las exigencias de reacomodo del posconflicto.
De allí la necesidad de que la política pública de justicia, además de oportuna y eficaz, sea una prioridad para el Estado, pues con ella se contribuye no solo a la unidad nacional, sino a la pacificación que tanto necesitamos.
Convertir la justicia en prioridad del Estado, de un lado reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica, de solucionar los grandes problemas nacionales, como son la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, etc.; y, de otro, siendo prioridad será una directriz que persuada a todos los sectores del país al apoyo y mejoramiento de la justicia, incluyendo a los sectores empresariales nacionales e internacionales que requieren, además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y cumplida justicia para sus conflictos.
