Acaba de ocurrir una espantosa tragedia en México, que ha cobrado hasta el momento 117 muertos y múltples heridos a causa de la explosión de un poliducto a través del cual se transporta el combustible, por parte de la estatal petrolera PEMEX, la cual fue provocada por una fuga del mismo. Esta, a su vez, se originó en la perforación del tubo por parte de mafias dedicadas al hurto del combustible, utilizando para el efecto la instalación de válvulas ilegales, el cual se expende a través de una red que compromete a transportadores y distribuidores, convirtiéndose esta actividad ilícita en una fuente de financiación de organizaciones al márgen de la ley.
Esta desgracia nos trae a la memoria la acaecido hace casi 20 años en Machuca, corregimiento de Segovia, cuando un atentado criminal del ELN causó la voladura del oleoducto Colombia, seguida por la explosión del mismo y una conflagración que arrasó con ese pueblo y cegó la vida de 84 personas y causó heridas a otras 30.
Los “huachicoleros”, que es como denominan en México a quienes roban y trafican ilegalmente los combustibles, han recurrido a esta práctica que por décadas ha venido desangrando a PEMEX. Se calcula que este flagelo le infligió pérdidas que sobrepasaron los US $3.000 millones en 2017. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en desarrollo de su estrategia para ponerle coto a esta práctica tan funesta, ordenó suspender el bombeo de combustible, como medida provisional y transportarlo en su lugar en carrotanque. Los “huachicoleros” trataron de aprovechar esta circunstancia para instalar una toma clandestina, con tan mala suerte para las victimas de este siniestro que se acababa de reanudar el bombeo.
Al detectarse la fuga de combustible en el poliducto Tuxpan – Tula a la altura del Municipio de Tlahuepan (Estado de Hidalgo), se dispuso el acordonamiento del área por parte de la autoridad, no obstante centenares de moradores del lugar se abalanzaron a tratar de proveerse del combustible que se escapaba a borbotones y rompieron el cerco y justo en ese momento explotó el ducto y las llamas envolvieron a muchos de ellos, convertiéndolos en teas humanas, pereciendo calcinados unos y otros resultaron con graves quemaduras.
México tiene mucho qué aprender de Colombia en este frente, pues por muchos años el robo de combustibles desde la red de poliductos en el país se había convertido en una pesadilla. ECOPETROL, que de lejos es el mayor transportador de crudos y de combustibles del país, se lo propuso y logró meter en cintura a quienes se venían lucrando del “ordeñe” a sus oleoductos y poliductos. En 1999 el promedio de barriles extraídos de los poliductos por parte de la delincuencia fue de 1.540 barriles al día y esta actividad ilícita llegó a su culmen en 2002 con un promedio de 7.270 barriles diarios. Hoy en día dicho promedio no supera los 34.9 barriles diarios (¡!) .
¿Y cómo se ha logrado esta hazaña de reducir tan drásticamente este desangre? ECOPETROL puso en marcha una estrategia que combina la prevención, el uso de tecnologías avanzadas, la acción legal y la sensibilización de las comunidades asentadas en el área de influencia de la infraestructura de transporte de los hidrocarburos sobre los riesgos que entraña esta práctica ilegal.
Entre las medidas que se tomaron se destacan, entre otras, un sistema novedoso, que se debe al Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de ECOPETROL consistente en unas esferas y varios elementos geométricos que se introducen en los poliductos con el propósito de impedir su perforación. A ello se vino a sumar una tecnología de última generación que permite detectar a tiempo las fugas y así poder controlarlas a tiempo, además de determinar su localización precisa, en tiempo real y cuantificar los volúmenes de combustibles hurtados. También se cuenta con drones para el monitoreo y la marcación del combustible legal para poder tener a mano la trazabilidad del mismo y así poder identificar más fácilmente el combustible ilegal y poderlo decomisar. Y, como complemento esencial de esta estrategia se cuenta con la Ley 1028 de 2006, mediante la cual se caracterizó este delito como no excarcelable y se modificó el Código penal para aumentar las penas, que ahora oscilan entre 10 y 15 años, previendo además la extinción de dominio.
El problema de Colombia es otro, además del nefasto creciente contrabando de combustibles desde Venezuela, está el robo de crudo y los atentados terroristas en contra de la infraestructura de transporte de petróleo, que también conlleva riesgos qué hay que prever y mitigar. Se pudo establecer que en el año 2017 se instalaron 202 válvulas ilegales y en 2018 se dispararon hasta llegar a las 1.277 (¡!) para sustraérselo, un incremento preocupante. Los más afectados han sido los oleoductos Caño Limón – Coveñas y Trasandino.
El blanco principal de los ataques contra la red de oleoductos ha sido el que transporta el crudo desde Caño Limón hasta Coveñas, casi todos de autoría del ELN; en lo corrido de este año se han registrado 10 ataques y en los 30 años que lleva de operación se han contabilizado 1.407 voladuras. Ello, además del impacto sobre el P&G de la industria petrolera, causa un impacto ambiental descomunal. Basta con señalar que durante este mismo lapso se han derramado 3.5 millones de barriles por cuenta de estos atentados contra los oleoductos y el medioambiente. Quienes así actúan están jugando con candela y poniendo en riesgo a personas inocentes, por ello se deben redoblar las medidas de prevención y mitigación para evitar daños mayores.
