La industria de hidrocarburos lleva más de 10 años trabajando en el tema, preparándose en materia de regulaciones a nivel técnico, ambiental y científico, tratando de demostrar que las técnicas para desarrollar este método no convencional de explotación de petróleo han mejorado para la disminución de impactos y riesgos. La Asociación Colombiana del Petróleo estima que de permitirse la implementación del fracking se generaría mayor estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal a mediano plazo en el país, con garantías de abastecimiento competitivo de combustibles para el desarrollo y aumento de la inversión en el sector que ayudaría a mantener mayores ingresos petroleros anuales.
En cambio, los activistas anti-fracking, entre los que hay profesionales de diferentes áreas del conocimiento, están en la tarea de convencer a la opinión pública de que lo mejor es que se le cierre las puertas este tipo de explotación, argumentando aumento de sismicidad, contaminación de las fuentes de agua, el aire, entre otros problemas que repercutirían en la salud pública de las comunidades en el área de influencia de los proyectos. Para ello también presentan sus estudios e investigaciones de los movimientos contra el fracking a nivel mundial.
Ayer, en nuestro ‘Foro Minería y Petróleo: retos, mitos y realidades’ se evidenció el conflicto socio ambiental que generó el hecho de hablar de fracking; en el auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar se presentaron opiniones encontradas sobre la viabilidad de una técnica que se aplica en algunos países mientras en otros fue prohibida, pero que en Colombia apenas está en la fase de estudio para su aprobación y desaprobación.
Dicha fase de estudio ha tomado dos tintes: un debate técnico y otro político. Los petroleros aseguran que el futuro del país con el fracking no puede quedar en manos de los políticos en el Congreso de la República, porque la discusión debe estar basada en argumentos técnicos y en análisis académicos en otros escenarios de la institucionalidad idóneos para analizar y prohibir una técnica de producción de hidrocarburos.
Frente a esta disyuntiva el Gobierno Nacional debe analizar el costo beneficio, desde los puntos de vista ambiental, económico y social, no político. El soporte técnico puede ayudar a que la decisión que se tome sea beneficiosa para el país para que después no haya arrepentimiento.
Los inversionistas extranjeros saben del potencial petrolero de Colombia, pero también de los altos costos de la operación por el actual régimen fiscal. Sin embargo, en el sur de Cesar está avanzada la empresa ConocoPhillips en etapa pruebas con dos bloques de prueba, uno en San Martín y otro entre Aguachica y Río de Oro, con los que el departamento además de gran productor de carbón pasaría a reforzar la producción de petróleo en el país.
Entendemos las preocupaciones y hacemos un llamado al diálogo con base en el rigor técnico y ambiental requerido.
