Alarmados y preocupados se encuentra un grueso número de beneficiarios de las 748 viviendas de interés social que construye el Fondo Adaptación en el municipio de Achí, sur de Bolívar.
Por esta situación, el presidente Iván Duque, en su visita el pasado 12 de marzo al municipio de Sucre, impartió instrucciones al gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, para que se desplazara de manera urgente con una delegación del gobierno nacional a inspeccionar la obra de construcción y revisar la situación contractual, avances de obra y la vinculación a una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de lavado de activos contra el contratista Furel, con participación del 70 por ciento, en el Consorcio Nuevo Achí, firma ejecutora del contrato.
Realizaron mesa técnica
El pasado 2 de abril a las 10 de la mañana llegó a Achí la delegación del alto gobierno en cabeza de Ortiz Pabón, gerente del fondo, acompañado de Mario Camelo, Gerente de Proyectos de Viviendas del ente estatal, y los funcionarios Jenny Sandoval y Andrés Ávila, de la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda, quienes estuvieron acompañados del alcalde de Achí, Javier Nadjar, y voceros de la sociedad civil representados en Codemojana.
Conclusiones y compromisos
Según representante del contratista Consorcio Nuevo Achí y el vocero de la interventoría Master SAS, la obra, que contempla un total de 748 viviendas, lleva un avance del 37 por ciento, el cual incluye 198 viviendas terminadas y 136 con intervenciones, es decir, iniciadas.
Se determinó que el Contratista Furel no puede continuar como ejecutor, debido al proceso de investigación que se le sigue por parte de la Fiscalía, lo que le trae un conflicto legal que le imposibilita continuar siendo socio del Consorcio y además porque se encontró que tiene perdida de la capacidad financiera, sin disponibilidad de caja para responder y el proyecto tiene un déficit de mil 500 millones de pesos.
Ignacio Hernández Orellano, representante de la firma Interventora Master SAS, afirmó que el proyecto se viene ejecutando bajo los estándares esperados solicitados, manifestó además que el permiso de vertimiento de aguas tratadas para implementación de la Petar (Planta de Tratamiento de Aguas residuales), está en trámite ante la Corporación Autónoma Regional de Bolívar, CSB, en espera de aprobación.
La firma contratista Constructora Segura, socia minoritaria del Consorcio, con el 30 por ciento de acciones, solicitó al alcalde de Achí, que en esta nueva etapa, aplique nuevas exenciones impositivas como el de estampillas, el alcalde respondió que esa solicitud hay que hacérsela al Concejo Municipal y se acordó que se convocará a la corporación, para realizar una sesión en donde participarán la firma contratista, el Fondo Adaptación, el alcalde y miembros de Codemojana para explicar la situación a los concejales.
En su visita de revisión del Proyecto, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, advirtió que debido a las circunstancias presentadas y retrasos en la obra, se presentará un eventual sobrecosto en el proyecto, debido a que la interventoría estará más tiempo en la obra y puede haber detrimento patrimonial.
El Vocero de Codemojana, Yonairo Sáenz Durán, ha denunciado irregularidades en la obra, esencialmente que en la etapa de replanteo no le hicieron el respectivo relleno con material transportado seleccionado apto para alcanzar y cumplir con la altura del nivel mínimo de la cota de inundación establecida, por lo que las viviendas se construyeron en una pendiente baja. Esta presunta anomalía se someterá a revisión por parte de la interventoría.
Se establecerán dos frentes de trabajo, bajo la responsabilidad del Contratista e Interventor, uno en función de presentar ante el Fondo Adaptación la ruta crítica del proyecto en términos de avance del mismo, y otro en función de agilizar los permisos y establecimiento de la Petar.
Se agotarán todas las alternativas de solución antes de decretar una acción de incumplimiento del proyecto, para ello la Sociedad de Activos Especiales – SAE, analizó la viabilidad jurídica para la cesión del contrato por parte de Furel a otro contratista. La SAE ya está evaluando dos firmas candidatas interesadas, que eventualmente actuarían como concesionarias. Es posible que se puedan viabilizar las dos.
En virtud de que la firma Interventora ya pasó al Fondo Adaptación el informe de posible incumplimiento por parte de Furel, se acordó que el día 22 de abril de 2019 se llevará a cabo en el Fondo Adaptación en la ciudad de Bogotá una audiencia para revisar propuesta y ruta crítica del Consorcio, para avanzar con la ejecución del proyecto a fin de determinar si es factible llegar a acuerdo con el Consorcio e igualmente la SAE determine la viabilidad de las dos firmas interesadas para convertirse en concesionarios y continuar como remplazo de Furel.
El 26 de abril el Fondo Adaptación decidirá si finalmente hay un “otrosí” para continuar con la ejecución del proyecto con los nuevos contratistas o en su defecto se decretará la acción de incumplimiento.
Cabe resaltar que el Contrato es el No. 153 de 2017 y tiene un valor total de 46 mil millones de pesos y fue celebrado el 24 de marzo de 2017 entre el Fondo Adaptación y el Consorcio Nuevo Achí, representado legalmente por Hernán Moreno Pérez, con una duración de 15 meses.
