Un análisis jurídico llevó al expresidente Álvaro Uribe a anunciar su renuncia al Senado y uno político lo llevó, luego, a recular para quedarse en su curul. Tomó ambas determinaciones para responder al llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En todo caso, en las últimas dos semanas el suspenso entre su salida y su permanencia se tomó el tema de los círculos políticos, mientras el asunto de fondo pasaba a un segundo plano entre la confusión y el ruido.
Una semana después de cantar su renuncia, Uribe le pidió a su pupilo Ernesto Macías, presidente del Senado, que “retenga sin considerar mi carta de renuncia”.
El exmandatario había analizado con suficiente antelación el escenario de la renuncia. Sus abogados conceptuaban que en la Corte Suprema, bajo el esquema de juzgamiento que allí rige para aforados (Ley 600), de la indagatoria a la detención mediaban apenas unos días. El propio Uribe dijo en un trino que los magistrados lo citaban “con implícita medida de aseguramiento”. Desprenderse del fuero parlamentario por medio de la renuncia haría que el expediente pasara a manos de la Fiscalía, y aun en caso de una eventual detención esta tendría que ser decidida no por un alto magistrado, sino por un juez de garantías del complejo judicial de Paloquemao. Inmediatamente, se especuló que lo que quería el expresidente era que su caso quedara en manos de la Fiscalía y no de la corte, pero este lo negó categóricamente.
Una semana después de cantar su renuncia, Uribe le pidió a su pupilo Ernesto Macías, presidente del Senado, que “retenga sin considerar mi carta de renuncia”. Sus abogados consideraron que la propia Corte Suprema tendría que decidir si la renuncia produciría el cambio del juez competente. Y una cascada de voces señalaron que para el caso tendría que imponerse la tesis del “fuero de atracción”, es decir que aunque Uribe dejara de ser congresista tendría que seguir respondiendo ante el máximo tribunal porque los asuntos por esclarecer guardan estrecha relación con su rol como senador.
El expresidente ahora se jugó por probar su inocencia ante la opinión pública. Esa estrategia implica proyectar la idea de que el proceso no tiene nada que ver con la justicia, sino que se trataría de cuentas de cobro de sus adversarios políticos. En sus palabras el caso es una infamia que combatirá desde la libertad o desde la cárcel.
Por medio de su cuenta en Twitter y en una extensa rueda de prensa, Uribe ha lanzado todo tipo de descalificaciones contra la corte y concretamente contra los tres magistrados que instruyen su expediente. La arremetida del uribismo incluyó darle eco a cuentos tan inverosímiles como una supuesta reunión entre Juan Manuel Santos, el vicepresidente Naranjo, el presidente de la Corte Suprema José Luis Barceló y el senador Iván Cepeda para repartir 5 millones de dólares provenientes de las Farc a cambio de ordenar la captura de Uribe. La Fiscalía ya está investigando el trasfondo de esa historia.
Por su parte, la defensa del exmandatario radicó una recusación contra los tres magistrados que instruyen el caso. Con ese recurso la fecha de la indagatoria, programada para el 3 de septiembre, entra al congelador. Los magistrados tendrán que resolver primero si están imposibilitados para continuar con el caso.
Jaime Granados, defensor de Uribe, argumenta que la Sala Penal no debe conducir el caso sino la nueva primera instancia, cuyos magistrados están en proceso de selección. Frente a esto, más allá del caso Uribe, la corte determinó que mientras los nuevos togados no se posesionen las cosas seguirán como antes porque la Justicia no puede entrar en modo reposo. Granados también alega que le ocultaron el proceso y que no escucharon al expresidente en versión libre, sino que lo llamaron directamente a indagatoria. Los tres magistrados recusados tendrán que decidir si el recurso tiene fundamento o no y otros magistrados de la Sala Penal decidirán quién tiene la razón. En caso de prosperar el recurso deberán nombrar otros tres magistrados para que sigan con el caso. Desatar este nudo tomará un par de semanas.
Entre tanto, Uribe sigue allegando al expediente nuevos elementos con los que sustenta su defensa judicial al tiempo que agita el debate político. El viernes trascendió una carta remitida por el narcoparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, quien desde una prisión de Estados Unidos aseguró: “Los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara me pidieron que rindiera una declaración contra el señor Uribe Vélez por los presuntos vínculos de este con grupos al margen de la ley. A cambio de mi declaración, ellos se comprometían a gestionar y conseguir asilo político para mi familia en Suiza”. La carta, con fecha del primero de agosto, fue obtenida por el abogado Diego Cadena y hecha pública en La W. Cadena está en el centro de la polémica y es reconocido por conseguir testimonios de personajes non sanctos.
El próximo martes, en la posesión de Iván Duque, Uribe reaparecerá en el Capitolio. A pesar de su físico demacrado, todavía está lejos de ser un hombre derrotado.
Los parlamentarios mencionados aclararon que se trató de una comisión oficial creada por el Congreso de la República hace diez años. Esa comisión se originó por el debate que había surgido con la teoría de que los paramilitares habían sido extraditados para que el país no conociera sus testimonios. Las reuniones con esos personajes tenían como objeto que siguieran colaborando con los procesos de Justicia y Paz. Rodrigo Lara fue escogido como representante de Cambio Radical y Piedad Córdoba por el Partido Liberal. Esta última llevó a Iván Cepeda, quien en ese momento era director de una ONG de víctimas. “A quién se le ocurre que yo voy a ofrecerle un soborno a un señor que se llama el Tuso Sierra. Yo quiero que me muestren el tal video donde se supone que hice ese ofrecimiento. Espero que Uribe pueda demostrar su inocencia, pero se equivoca contratando a un abogado de narcos para que busque testimonios de estos”, asegura el senador Lara.
Otro elemento que salió a flote esta semana tiene que ver, nuevamente, con el Tuso Sierra. Se trató de un acercamiento a este narcoparamilitar por parte del entonces periodista judicial Juan Carlos Giraldo. La defensa de Uribe radicará ante la corte una declaración del Tuso en la que este asegura que el reportero lo visitó para ofrecerle 100 millones de pesos si declaraba contra el exmandatario y su hermano el ganadero Santiago Uribe Vélez. Según el Tuso, el ofrecimiento provenía del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre. Giraldo, en entrevista con La W, admitió que visitó dos veces al Tuso en Estados Unidos, pero negó tajantemente la versión del soborno. Uribe ha insistido de tiempo atrás en que Montealegre usó la Fiscalía para montarle una persecución. Por ello, la defensa de Uribe solicita a la corte que la versión del Tuso sea tenida en cuenta.
El próximo martes, en la posesión de Iván Duque, Uribe reaparecerá en el Capitolio. A pesar de su físico demacrado, todavía está lejos de ser un hombre derrotado. Él sabe que la mejor defensa es el ataque. Por ahora, se han visto escaramuzas de lado y lado basadas en testimonios de delincuentes. Para los uribistas no hay la menor duda de qué se trata: un complot orquestado por sus adversarios políticos en asocio con una Corte enemiga. La izquierda le cree a Cepeda y piensa exactamente lo contrario. Pero millones de colombianos que no están matriculados con ninguna de las dos partes están confundidos. ¿Por qué creerle al hampón que está en contra de Uribe y no al que está a favor? Esa confusión favorece al expresidente. La Corte Suprema tiene el gran desafío de probar o nó la responsabilidad “más allá de toda duda razonable”.
