Las voces de distanciamiento a la reforma constitucional que amplía el mandato a los actuales alcaldes y gobernadores hasta julio de 2022, es cada vez más grande en el Congreso de la República y varios sectores políticos, en donde esta semana se le dio el primero de sus ocho avales para que se haga realidad.
El cambio constitucional fue aprobado el martes en la Comisión Primera con una amplia mayoría, dejando de lado una propuesta alternativa que llevó la minoría (Alianza Verde) que era hacer un periodo de transición y ampliar mejor el tiempo del mandato de cuatro a cinco años.
La reforma, en concreto, dice que tanto los alcaldes y gobernadores que fueron elegidos, como los que fueron designados, irán hasta el 19 de julio de 2022, con lo cual podría lograr la unificación de sus mandatos con el del presidente de la República.
Ese cambio desde ya provocó que se considere como inconstitucional, que va en contra del constituyente primario que votó en 2015 con unas reglas claras, como también ya se formó un bloque de congresistas en el Senado que anticiparon la rechazarán.
En opinión del presidente del Senado, Ernesto Macías, la misma se debería pensar pero para quienes sean electos el otro año, “la unificación de periodos no se puede tramitar con cálculos personales, pensando en favorecer intereses políticos. Si la intención es hacer una reforma institucional podría pensarse en que su aplicación sea para los elegidos en 2019”.
El también senador –conservador- David Barguil, lidera un grupo se congresistas que ya anticipó que si la reforma llega en noviembre a esa corporación se opondrán. “Junto a los senadores Rodrigo Lara, Gabriel Velasco, Juan Fernando Lemos y Fabio Amín, conformamos un bloque de oposición a la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores”.
Para Barguil, “los actuales mandatarios regionales fueron elegidos por cuatro años y extender ese mandato popular con leguleyadas es manosear y quebrantar la democracia”. Insiste que de hacerlo es violar la Constitución.
Por su parte el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, también se mostró en desacuerdo a la enmienda constitucional que se tramita y planteó que es mejor permitir de una vez en el país la reelección inmediata de los mandatarios regionales, tema que se ha reclamado desde hace varios años.
“Mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de periodos. Unificar periodos crea monopolios de partidos. Elecciones frecuentes obligan a trabajar con la comunidad y evitan burocracias apelmazadas”, manifestó el exmandatario desde su cuenta de Twitter.
De ese mismo partido, la senadora Paloma Valencia aseguró que a ella no le gustó ese proyecto como fue aprobado y que en el interior de su colectividad pedirá que se rechace. “No estoy de acuerdo con ampliar periodos. El Centro Democrático aún no ha discutido el tema, pero mi voto en el interior de la bancada será en contra. Los colombianos votamos para un periodo y se debe respetar”, explicó.
Uno de los partidos que ya se distanció por completo de la reforma es la Alianza Verde, el cual podría tener una importante figuración si las elecciones se mantienen para octubre de 2019. Los actuales alcaldes y gobernadores de los verdes, entre ellos el mandatario de Nariño, Camilo Romero, anunciaron que si la enmienda se hace realidad ellos renuncian a su cargo el 31 de diciembre de 2019, el último día en que estará vigente su elección.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, también es otra de las actuales funcionarias que se aparta de esa ampliación, considera que se debe respetar la decisión de los electores cuando votaron en 2015.
Este proyecto para seguir vivo legislativamente deberá ser aprobado en la plenaria de la Cámara antes de la mitad de noviembre, para luego cumplir sus dos debates en el Senado y así tener la primera vuelta.
