La Defensoría denunció que hay profesores en el Sur de Bolívar que se han pagado sobornos para ser trasladados a otros municipios.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, denunció que hay profesores en el Sur de Bolívar que se han autoamenazado o pagado sobornos en la Secretaría de Educación departamental para ser trasladados a otros municipios, situación que tiene a 1.004 niños sin clase y los deja propensos al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
“La comunidad nos ha manifestado que algunos profesores se autoamenazaron para poder salir de la zona, pero lo más grave es que la amenaza viene con una coima de por medio, con el pago de entre 3 y 4 millones de pesos para poder ser traslados. Supuestamente algunos funcionarios de la Gobernación y de la Secretaría de Educación lo están haciendo”, dijo Negret.
La denuncia del jefe del ente de control la realizó después de una visita de tres días que realizó en los municipios de Tiquiso y Norosí, por lo que anunció que remitirá dicha información a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía, para que determinen la realidad de esta situación y tomen medidas disciplinarias o penales de ser necesario.
Afectaciones
El Defensor además dijo que esta situación afecta el desarrollo del programa Ser Pilo Paga en la región, ya sea por falta de profesores o de una educación de calidad.
Negret también aseguró que grupos armados ilegales estaría aprovechando esta situación para reclutar menores para sumarlos en sus filas para desarrollar acciones ilegales.
“Hacemos un llamado a los grupos armados para que permitan que los niños de Colombia estén con los lápices, con los libros y no con los fusiles. Tenemos 1.004 estudiantes que no tienen profesores por lo que acuden a sus padres para que los lleven a talar el bosque o ayudarles en las minas para aprender a trabajar”, señaló el Defensor.
Otra denuncia. Así mismo, el jefe del ente de control destacó que durante su recorrido por el municipio de Tiquiso encontró que en la mina Estrella están trabajando cerca de 40 ciudadanos chinos, por lo que hizo un llamado a Migración Colombia y a las autoridades locales para que verifiquen si su presencia en la zona es regular y si tienen títulos para la explotación de dicho terreno.
Por otro lado, el Defensor solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar para que verifique que las autorizaciones de corte de algunas especies madereras se ejecuten en la cantidad acordaba y no sea mayor.
