El 2 de noviembre de 2021 llegó al despacho de la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) una petición de los campesinos de la hacienda Las Pavas. A través de sus abogados, la organización campesina buscaba indagar por qué la entidad no ha avanzado en la adjudicación de los predios que llevan ocupando desde hace más de dos décadas, aun cuando jurídicamente le han ganado varias batallas a la empresa de palma que les ha disputado la propiedad de esa finca. Sobre una fracción de esa tierra hoy no existe ningún impedimento jurídico para que pase a manos de los campesinos.
La finca Las Pavas es ya un caso emblemático en materia de despojo de tierras en Colombia. Se trata de un globo de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de extensión, y que están en el municipio El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar. Aunque la empresa palmicultora Aportes de San Isidro -la parte demandada- se ha referido al caso como “el más increíble fraude procesal encaminado a engañar a la administración de justicia”, las decisiones judiciales han ido probando que se trata de familias campesinas víctimas del desplazamiento de los paramilitares.
Antes de que Las Pavas llegaran a manos de esa empresa de palma, estas le pertenecían a Jesús Emilio Escobar Fernández, hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández. Ante el abandono de los predios por parte del dueño, en 1997, 123 familias del corregimiento de Buenos Aires se asentaron en esas tierras para sembrar sus cultivos de pancoger y luego se juntaron en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab).
En 2003, como está probado judicialmente, a las familias campesinas las desplazó el bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2005, los labriegos retornaron al predio y acudieron al antiguo Incoder para empezar un proceso de extinción de dominio sobre los terrenos por inexplotación económica de su propietario.
Discussion about this post