Es un exterminio sistemático de un grupo social de personas que luchan por el respeto a la ley y los derechos de las personas, tienen en común una visión de desarrollo humano, construir la paz y reclamar legalmente espacios para la vida en sociedad, eso es un líder social en Colombia. Desde siempre los han asesinado y solo hasta el año 2016 fue cuando la Defensoría del Pueblo, órgano del gobierno que se relaciona con los derechos humanos, empezó a contabilizar sus muertes, desde entonces se cuentan un total de 423 asesinatos, distribuidos así: 2016 (133), 2017 (126) y 2018 (164) cifra hasta el 13 de diciembre de 2018. Según como se lee en la página web de esta entidad.
Colombia es uno de los países con el conflicto interno más antiguo del mundo, donde las elites y los rebeldes recurren al asesinato para resolver problemas, luego se crearon grupos armados para intensificar el daño y finalmente todos terminaron adsorbidos por el narcotráfico, convirtiendo la violencia como un fin en sí mismo. A eso se le suma una fuerte cultura de corrupción pública y privada que complica cualquier resolución del conflicto
Según informes de la Fiscalía General de la Nación el 50% de los asesinatos son cometidos por el Clan del Golfo una organización criminal derivada del paramilitarismo, a su vez proviene del Cartel de Medellín quienes sobornan a funcionarios y agentes estatales, además de financiar campañas políticas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que el 64% de los 126 asesinatos cometidos el año 2017 contra defensores y líderes ocurrieron en las zonas más afectadas por el conflicto y en zonas con una presencia histórica de la guerrilla de las FARC.
La estigmatización de pertenecer al bando contrario lleva a los grupos armado ilegales a adelantar un exterminio contra todo aquel que no participe en sus intereses, desafortunadamente las fuerzas armadas del Estado colombiano no han podido disolver a ningún grupo armado ilegal, llevando al Estado a firmar acuerdos con muchos grupos armados y a bridar amnistía a sus excombatientes, frente a lo cual surgen nuevos grupos o disidencias que entran a ocupar los espacios dejados por los anteriores extendiendo el conflicto.
Por lo anterior, en Colombia impera una cultura de la ilegalidad que se toma muchas esferas de la sociedad, limitando las posibilidades de mejorar la calidad de vida al grueso de la población, llevando al país a ser uno de los más inequitativos del mundo, donde muchas entidades del Estado están plagadas de corrupción y el narcotráfico ejerce mucha influencia en la economía y en la política, cómo este es el sistema, los líderes sociales y defensores de derechos humanos, son vistos por el sistema como personas que dificultan el funcionamiento del establecimiento y por tanto, se viene adelantando un genocidio sistemático, con base a etnias, estrato social, afinidad política, por ideología al denunciar la ilegalidad, por reclamar espacios de vida o simplemente por ser diferente a los grupos hegemónicos.
No se vislumbra solución a esta problemática por la misma circunstancia del conflicto del país que involucra al Estado, alzados en armas, política, narcotráfico y sociedad civil.
